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El cerco contra Maduro limita la ayuda que pueden prestarle Rusia y China

El cerco contra Maduro limita la ayuda que pueden prestarle Rusia y China
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (NPR).-

El procurador especial designado por el presidente interino Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, explica que a las empresas que realicen operaciones con el Gobierno de Maduro les serán bloqueadas sus propiedades en Estados Unidos. La orden ejecutiva no incluye a las operaciones de ayuda humanitaria siempre y cuando las lleve a cabo el Gobierno de Guidó.

Por Víctor Salmerón para Infobae.-

—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todas las propiedades del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos y anunció medidas que restringen la ayuda que países aliados de Nicolás Maduro, como Rusia y China, pueden prestarle para que se mantenga en el poder.

La administración de Donald Trump, al igual que la Unión Europea y países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Argentina, considera fraudulentas las elecciones del 20 de mayo de 2018 que Nicolás Maduro esgrime como piso legal para su reelección y apoya a Juan Guaidó, el líder del Parlamento, quien en enero asumió como presidente interino de Venezuela.

José Ignacio Hernández, nombrado por Juan Guaidó y el parlamento venezolano como procurador especial para la defensa del Estado, explica que la orden ejecutiva anunciada por Donald Trump tiene como consecuencia que “todas las propiedades del Gobierno de Venezuela están bloqueadas en Estados Unidos, por lo tanto, es un bloqueo total que no admite ningún tipo de excepción. Hasta ahora solo se habían bloqueado las propiedades de los sujetos y organismos incluidos en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro”.

En la lista de sancionados del Departamento del Tesoro (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) están incluidos más de cien individuos y organismos del Gobierno venezolano o relacionados con este.

Hernández, quien es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, agrega que “la segunda gran consecuencia es que se extiende este bloqueo a aquellos terceros que apoyen, presten servicios, suministren bienes o colaboren con el régimen de Nicolás Maduro, en concreto que colaboren con los organismos que ya han sido incluidos en la lista de sancionados como es el caso de Pdvsa y el Banco Central de Venezuela”.

“Esto significa que ninguna compañía que tenga vínculos con Estados Unidos puede prestar servicios a Pdvsa o el Banco Central y de hacerlo también sería bloqueada en Estados Unidos. Esto busca cortar la triangulación que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de hacer para burlar las sanciones, es decir, en pocas palabras, la orden ejecutiva bloquea las propiedades de aquellos terceros que colaboren de una u otra manera con el régimen de Nicolás Maduro”, dice José Ignacio Hernández.

Esta medida impacta a las empresas estadounidenses y a las de otros países que tengan cuentas bancarias y propiedades en Estados Unidos. El procurador especial explica que “las órdenes ejecutivas tienen un marco jurídico muy amplio, y dentro de ese marco el Gobierno de Estados Unidos tiene un amplio rango de actuación“.

A manera de ejemplo indica que “puede haber una empresa no estadounidense prestándole servicios a Pdvsa sin conexión con Estados Unidos en esta relación. Pero si esta empresa tiene operaciones o cuentas bancarias en Estados Unidos, sus propiedades también estarán bloqueadas en Estados Unidos”.

Ante la interrogante de si esto sucedería de inmediato, José Ignacio Hernández indica: “Eso no va a pasar de manera automática, lo que va a pasar, desde mi punto de vista, es que el Departamento del Tesoro va a llamar al presidente de la empresa y le dirá: ‘Mire, si usted continúa prestándole servicios a Pdvsa, vamos a bloquear sus propiedades en Estados Unidos, así con las empresas de India, China e incluso Rusia”.

Ayuda humanitaria

La orden ejecutiva no incluye a las operaciones de ayuda humanitaria siempre y cuando las lleve a cabo el presidente interino Juan Guaidó.

“Hay dos excepciones que van en sintonía con lo que el embajador Carlos Vecchio y yo hemos venido conversando con el Gobierno de Estados Unidos desde febrero. La primera es ayuda humanitaria, alimentos y medicinas y la segunda son las operaciones a cargo del gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó”, dice José Ignacio Hernández.

Añade que “el sentido de la excepción es que opera siempre y cuando el Gobierno de Maduro no esté a cargo de la operación. Esto tiene sentido porque hay evidencias como el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y el elaborado por el comité de expertos de la OEA, que dicen que Maduro utiliza la ayuda humanitaria con fines políticos”.

“La única posibilidad en la que se aplica la ayuda humanitaria es que no sea gestionada o administrada por el régimen de Maduro sino por el legítimo gobierno de Juan Guaidó. Es importante tener presente que el régimen de Maduro ni está en la capacidad ni está interesado en importar alimentos y medicinas para atender la emergencia humanitaria, lo hace para hacer negocios, perseguir políticamente y violar derechos humanos”, dice el procurador especial.

“Esto busca disuadir a las compañías que han venido contratando con el régimen de Maduro programas de alimentación haciendo una especie de triangulación de las sanciones para alimentar la corrupción del régimen”, agrega José Ignacio Hernández.

Los activos

La orden ejecutiva de Donald Trump indica que los bienes de Venezuela en Estados Unidos “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera”.

La consecuencia de esta orden es que las empresas e inversionistas a los que Venezuela debe dinero y han acudido a tribunales para obtener fallos que les permitan cobrar la deuda apropiándose de activos de Citgo, la empresa petrolera venezolana que opera en Estados Unidos, ya no podrán realizar embargos de ningún tipo.

“Se refuerza la protección de activos de Venezuela y Pdvsa en Estados Unidos, y se ratifica con claridad que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir ninguna medida de enajenación, toma de control o embargo sobre activos del estado venezolano en Estados Unidos, muy especialmente en el caso de Citgo”, dice José Ignacio Hernández.

Las importaciones

La medida anunciada por Donald Trump ocurre en momentos en que la economía venezolana acumula veinte trimestres consecutivos de caída, una hiperinflación y una catastrófica caída de la producción petrolera que merma severamente el ingreso en divisas y obliga a un recorte sin precedentes de las importaciones.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello señala en su informe más reciente que en 2019 se espera que las importaciones lleguen a 10.900 millones de dólares (83% menos que en 2012)“.

La caída de las importaciones se traduce en la escasez de insumos y materia prima para que las empresas mantengan las plantas en movimiento.  Las proyecciones de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las principales casas de estudio del país, indican que este año el PIB caerá 22% y a finales de año solo equivaldrá a 39% de lo llego a ser en 2013.

Una de las causas principales del deterioro es el descenso de 74% de la producción petrolera en los últimos cinco años, porque el barril provee más de dos terceras partes de las divisas que ingresan a Venezuela.

Las sanciones de Estados Unidos han profundizado los problemas de Pdvsa, la empresa petrolera del Estado.  “Las sanciones internacionales han afectado a las importaciones de diluyentes y mejoradores necesarios para volver comercializable el petróleo venezolano, especialmente los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, e incluso para poder tener en funcionamiento las refinerías donde se producen derivados, incluyendo los combustibles destinados al mercado interno”, dice el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello.

 

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