También pidió a la Corte Penal Internacional que examine el informe de la ONU sobre los crímenes de la dictadura y reiteró su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó

Foto de una reunión del Grupo de Lima en Canadá, en febrero de 2020. EFE/ Julio César Rivas
Foto de una reunión del Grupo de Lima en Canadá, en febrero de 2020. EFE/ Julio César Rivas. 

—El Grupo de Lima adoptó este martes una declaración que puso su foco en dos aspectos principales: rechazó las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre; y pidió que el reciente informe de la ONU que da cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sea examinado por la Corte Penal Internacional.

En una declaración posterior, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, indicó que el documento representa “un paso adelante para pedir que haya justicia y se evite la impunidad frente a los graves crímenes denunciados por la Misión independiente de la ONU”.

“Así mismo, es un mensaje sólido a la comunidad internacional frente a la necesidad de rechazar el fraude electoral que está configurando en Venezuela el régimen ilegítimo de Maduro”, agregó la funcionaria de la administración de Iván Duque.

Al respecto, el documento indica a su vez que “la democracia se restablecerá plenamente solo con elecciones generales presidenciales y parlamentarias libres y con garantías”.

Foto de la reunión virtual del Grupo de Lima del 13 de octubre. Foto de la reunión virtual del Grupo de Lima del 13 de octubre.

Además, el grupo enumeró otras posturas: reafirmó su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional; e hizo un “llamado a autoridades internacionales a investigar a fondo las relaciones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y otras manifestaciones delictivas internacionales”. El último punto de la declaración “reitera la importancia de la cooperación internacional en la atención a la situación migratoria en países de acogida”.

14 de los 16 países que participaron de la reunión suscribieron la declaración. Uno de los dos que no lo hizo fue Argentina, cuya diplomacia atravesó semanas de controversia con respecto a la crisis venezolana luego de que su embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de la misión de la ONU.

Buenos Aires luego votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral que condenó las violaciones a los derechos humanos y renovó por dos años la Misión de Determinación de Hechos (Fact Finding Mission, en inglés) en el país caribeño.

En concreto, el informé presentado en septiembre señaló a lo largo de 21 páginas a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El dictador venezolano Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz
El dictador venezolano Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz.

El informe indicó que documentó de manera extensiva como “las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

También constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.

No se desprende de manera clara de la declaración el pedido para que la Corte Penal Internacional analice el informe de la ONU. Pero una alternativa podría ser incluirlo como posible evidencia en el examen preliminar que el tribunal lleva a cabo sobre la situación en Venezuela desde febrero de 2018.

La CPI abrió la investigación luego de que seis países –Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay– así lo solicitaran como consecuencia de los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores en 2017 que dejaron alrededor de 125 muertos.

A finales de mayo de este año, la fiscal general Fatou Bensouda dijo que su oficina había realizado “avances significativos” en la causa y que esperaba “resolver la evaluación sobre la jurisdicción de la materia en el curso de este año”.

La fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Foto: REUTERS/Eva PlevierLa fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Foto: REUTERS/Eva Plevier.

La acusación está respaldada, entre otros documentos, por un informe del instituto Casla, que señala al régimen de Nicolás Maduro por llevar a cabo una “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”. En el marco de la presentación del informe, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que el instituto presentó distintas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo clara influencia cubana”.

También componen la evidencia documentos aportados por la OEA y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este último eportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019, confirmando lo que la OEA ya había documentado en 2018.

Bensouda recordó en otro pasaje de su locución que las remisiones entregadas por los países “no llevan automáticamente a la apertura de una investigación”, pero si su oficina concluyese que se cumplen los criterios para llevarla adelante, no tendría que requerir una autorización a una sala de cuestiones preliminares, tal y como ocurre en los casos en los que no existe la remisión de un Estado parte.

Por otro lado, si la Fiscalía decidiera no seguir adelante con la investigación, los países que han presentado las remisiones “pueden pedir una revisión judicial a una sala de cuestiones preliminares de la CPI”, concluyó.