Ilustración: laberinto con Díaz-Canel, Fidel y Raúl Castro. / DDC.-

 

La crisis actual, multiplicada por la pandemia, ofrece a los cubanos una excelente oportunidad para sobreponerse al peligro de extinción física y espiritual que representaría la continuidad del castrismo.

MIGUEL SALES, Málaga 

—Por motivos harto conocidos, los pilares de la economía posfidelista ya se tambaleaban a principios de este año. Los réditos del turismo, las remesas de los emigrados, los subsidios venezolanos en forma de petróleo a precio reducido y los ingresos derivados del alquiler de médicos en el extranjero habían mermado a lo largo de 2019. Incluso los sectores productivos que no dependen directamente del exterior mostraban síntomas preocupantes. Ahora, la pandemia del coronavirus ha venido a completar la demolición.

El recrudecimiento de la crisis pronto hará que el “período especial en tiempos de paz”, decretado por Castro I hace 30 años tras la desaparición de la Unión Soviética, brille en la memoria colectiva como una Edad de Oro. Los súbditos de Díaz-Canel y sus mentores del Partido Comunista podrán recordar con nostalgia el bistec de frazada, la tilapia transgénica, el chispa-e-tren y los alumbrones que tanta alegría traían a los hogares.

En medio de tan sombrías perspectivas, la posibilidad de que Joe Biden gane las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos es la única tabla de salvación con la que pueden soñar los mandantes de La Habana. Un giro en la estrategia de Washington hacia Cuba podría aliviar la situación que afronta el Gobierno, aunque no solucionaría los problemas fundamentales. Porque la raíz del problema no está en el embargo estadounidense, sino en la estructura misma del modelo productivo cubano, basado en premisas erróneas.

El populismo de izquierda, con mayor o menor grado de sovietización y autoritarismo, ha fracasado estrepitosamente en América Latina y el resto del mundo. En nuestro continente, Argentina, Cuba y Venezuela han sido, en diversos momentos y con características distintas, los mejores ejemplos de ese naufragio. Tres países que figuraban entre los más ricos y desarrollados del hemisferio han terminado en el rango de los más pobres e insolventes.

Hay diferencias de matiz entre el peronismo, el castrismo y el chavismo, pero tanto el punto de partida como el de llegada son muy similares. Un país rico, una población entusiasta, un líder mesiánico y la implantación de un sistema político populista, que pone la economía al servicio de la ideología y la conservación del poder sine die.

Porque ahí radica el meollo del asunto. Los dirigentes populistas viven y mueren convencidos de que el PIB, la deuda pública, la masa monetaria, el déficit del Estado y todos los demás indicadores de la salud económica de la nación no son más que tonterías burguesas, que no sirven para nada. Lo importante es asaltar el poder y conservarlo eternamente. La política, las fuerzas armadas y el control de la espontaneidad social reciben prioridad absoluta. Todos los demás aspectos de la vida quedan subordinados a esa voluntad de dominio vitalicio. La estrategia para lograrlo se reviste, por supuesto, de la palabrería y las consignas de moda: justicia social, antiimperialismo, liberación nacional, feminismo, ecologismo, democracia directa, etc.

Como la implantación del sistema populista suscita de inmediato la oposición de diversos sectores, el nuevo régimen tiene necesidad de establecer, además de un enorme aparato represivo, un mecanismo de subsidios para comprar lealtades. Esa maquinaria política se financia mediante el despilfarro de los recursos del país en actividades improductivas, pero indispensables para consolidar el poder del caudillo.

Así ocurrió en Cuba en los dos primeros años del régimen actual. Aunque el relato mítico difundido luego por la propaganda castrista sostiene que antes de 1959 la insurrección contaba con un apoyo popular masivo, lo cierto es que cuando Fulgencio Batista huyó de la Isla el 1 de enero de ese año la base de poder de Castro y sus guerrilleros era todavía muy endeble.

La sociedad cubana era entonces plural y muy compleja. Sindicatos, iglesias, asociaciones cívicas, partidos políticos y medios de comunicación de diversas orientaciones coincidían en la necesidad de echar a Batista, pero estaban lejos del consenso en lo tocante al liderazgo de Castro y no imaginaban siquiera que aquel movimiento insurreccional acabaría por desembocar en un sistema totalitario de corte soviético.

Muy pronto las nuevas autoridades llegaron a la conclusión de que no bastaba con apoderarse de los resortes del poder y que era necesario reclutar a sectores sociales más amplios. A este fin, promulgaron varios decretos que lastrarían la economía del país durante las décadas siguientes, pero que, de inmediato, sirvieron para consolidar el dominio del caudillo y su corte de fieles guerreros.

Esas medidas fueron básicamente cuatro: La Ley de Alquileres del 7/3/1959; la Ley de Reforma Agraria del 4/6/1959 y los decretos que ese mismo año redujeron drásticamente las tarifas de los servicios telefónicos y del suministro de energía eléctrica.

Toda esta legislación populista, que se aplicó en los meses iniciales de la “revolución”, tuvo una segunda vuelta de tuerca en los tres años siguientes, cuando el Gobierno confiscó directamente la mayor parte del parque de viviendas, el 83 por ciento de la tierra cultivable y las empresas de telefonía y electricidad.

La Reforma Agraria, iniciada bajo la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, terminó siendo un mecanismo de estatización del suelo, mediante la creación de cooperativas y granjas del pueblo, según el modelo importado de la URSS. Resultado: se desplomó la producción y el rendimiento agrícolas, y la cabaña ganadera estuvo a punto de desaparecer. Hoy Cuba compra toneladas de pollo congelado en Estados Unidos y la carestía y el racionamiento gozan de magnífica salud. Según las estadísticas oficiales, el gasto anual en importaciones de víveres para mantener (mal) alimentada a la población asciende a 2.000 millones de dólares.

La Reforma Urbana tuvo consecuencias similares. El Estado pasó a ser el único casero, el déficit habitacional se multiplicó y la incapacidad de mantenimiento de los edificios existentes aumentó con creces. Desde entonces, el Gobierno nunca ha podido reconciliar el incremento de la demanda de vivienda con la oferta de alojamiento, a pesar de que ha dispuesto de cientos de miles de casas confiscadas a quienes se marchan del país y que ha aplicado toda una gama de arbitrios, desde las “microbrigadas” hasta los albergues sociales para los sin hogar y los damnificados por los derrumbes casi cotidianos.

Otro tanto ocurrió con las empresas eléctrica y telefónica. Su “intervención” (confiscación) se realizó con el pretexto nacionalista de que eran monopolios proveedores de servicios esenciales, que no debían permanecer en manos extranjeras. La consecuencia de esa política populista fue que, de inmediato, los usuarios pagaron tarifas mucho menores, pero a medio plazo el suministro menguó y los equipos sufrieron un importante deterioro. Durante décadas, antes de la llegada de los móviles o “celulares”, los cubanos tuvieron que esperar largos años para conseguir la instalación de un teléfono fijo y han debido soportar interminables apagones, sobre todo en verano.

Ahora que Díaz-Canel y su equipo se enfrentan a la fase terminal del experimento castrista, harían bien en tener en cuenta estos aspectos elementales de la historia económica de la Isla. Las medidas que han anunciado en las últimas semanas con el fin de hacer frente a la crisis —flexibilizar los presupuestos, fortalecer la contabilidad, potenciar inversiones, dar estímulos fiscales, crear un mercado de deuda pública, rediseñar el manejo de recursos, etc.— componen una mezcla improvisada de arbitrios y conjuros que, como siempre, se disolverá en burocracia y palabrería, con mínimas repercusiones prácticas. (El que mayor humorismo involuntario revela es sin duda el anuncio de la ministra de Finanzas, Meisi Bolaños, de que “a partir de 2021, se aplicará un impuesto por la ociosidad de la tierra”).

Quizá lo más útil y sencillo sería empezar por revertir esas cuatro medidas populistas que hundieron a la economía cubana desde el mismo año 1959: devolver la tierra a los campesinos, liberalizar el mercado de la vivienda y privatizar la generación de electricidad y el servicio telefónico.

Por supuesto, a la vez que se lleva a cabo esta primera fase, el Gobierno tendría que realizar otros cambios que proporcionen seguridad jurídica a productores y consumidores por igual. Para que los cubanos puedan comer tres veces al día los campesinos necesitan libertad de contratación, créditos bancarios, suministros, semillas, fertilizantes y transporte. Para que el mercado de la vivienda funcione, los propietarios deben disponer de insumos (“cemento, ladrillo y arena”, como pedía la guaracha del inolvidable José Antonio Méndez), saneamientos, instalaciones eléctricas, muebles, etc. La infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país está obsoleta y el Gobierno carece de los recursos y conocimientos necesarios para ponerlas a la altura del siglo XXI. Esto solo podría lograrse mediante contratos con empresas extranjeras que aporten tecnología y capacidad de gestión a cambio de privilegios en la explotación del servicio.

Estos ejemplos apenas ofrecen un atisbo de la inmensa tarea que la población cubana tiene ante sí, pero podrían ser un buen punto de partida. El sistema de sociedad militarizada y estabulada, economía estatal y partido único no ha dado buenos resultados en ningún país del mundo, cualesquiera hayan sido sus condiciones sociales y culturales, su situación geográfica o su grado de eficiencia. El modelo de desarrollo dependiente implantado en la Isla por el castrismo ha fracasado por completo. Ni siquiera los “logros sociales” —por demás discutibles— obtenidos en educación, deporte y salud pública alcanzan a justificar el inmenso destrozo social, la quiebra de la economía, la miseria, el racionamiento y falta de derechos y libertades que han prevalecido allí durante 60 años. En algún momento no lejano, Cuba tendrá que emprender el camino de vuelta de la utopía populista, si no quiere seguir hundida para siempre en la tiranía, la miseria y la desesperanza.

En mandarín, que es la lengua de mil millones de chinos, el concepto de crisis se representa por dos ideogramas que significan “peligro” y “oportunidad”. La crisis actual, multiplicada por la pandemia, ofrece a los cubanos una excelente oportunidad para sobreponerse al peligro de extinción física y espiritual que representaría la continuidad del castrismo en la Isla.