La investigación criminal contra la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, que ha sido reabierta y sigue su curso, ha permanecido casi en absoluto silencio tanto en la prensa nacional como en las redes sociales.

Por Leonardo Morales / DLA.-

—La investigación criminal contra la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, que ha sido reabierta y sigue su curso, ha permanecido casi en absoluto silencio tanto en la prensa nacional como en las redes sociales.

Las protestas por la muerte de George Floyd comenzaron el 26 mayo y se extendieron rápidamente por todo el país, mediante una innegable campaña, estimulada por organizaciones y grupos afiliados a la izquierda como “Black Lives Matter” y de extrema izquierda, como “Antifa” y “Esclavos del Sur”, entre otras.

Mucho antes a la connotación nacional tras un video difundido por el fallecimiento de Floyd, Hillary Clinton había sido citada a declarar el 2 de junio ante la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington.

De antemano se sabía que en esa audiencia virtual, debido a la pandemia, se expondrían testimonios vinculados a presuntos actos de abuso de poder y corrupción ocurridos durante la administración del expresidente Obama. Sin embargo, el foco noticioso se centró en el caso Floyd, con razones suficientes para convertirse en un escándalo nacional.

¿Coincidencias o estrategia para desvirtuar la atención?

Días previos a la fecha en la que fue citada a declarar Hillary Clinton, cientos de cuentas en la red social Twitter fueron suspendidas. La mayoría de los titulares de esas cuentas se identifican por sus posturas conservadoras.

El 2 de junio en la mañana, mientras se desarrollaba en corte la audiencia sobre la exsecretaria de Estado, las tendencias en Twitter estuvieron deshabilitadas.

Hasta el momento, no hay evidencia alguna que permita afirmar que la muerte de Floyd fue un acto preparado, que derivó en tragedia o si el hecho en sí mismo -por su alta sensibilidad- constituyó el mejor pretexto para quienes esperaban un acontecimiento similar, con el propósito de crear el caos nacional y desviar la atención del proceso contra Hillary Clinton.

Llama la atención que las declaraciones del ahora candidato presidencial demócrata Joe Biden y del expresidente Barack Obama -acerca de la muerte de Floyd- ocurrieron varios días después de que se iniciaran las revueltas y de forma casi simultánea, y no inmediatamente después del trágico suceso.

El escándalo de las acusaciones presentadas contra Hillary Clinton por el caso de los “emails” estalló en el 2016, semanas antes a las elecciones presidenciales y debido a una pesquisa del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que en ese momento no escaló al ámbito judicial. Ahora, la también exsenadora enfrenta el escrutinio de varios grupos anticorrupción, en especial Judicial Watch.

Judicial Watch es una organización no gubernamental y anticorrupción creada en 1994, predominantemente conservadora, que se dedica a denunciar y a investigar a altos funcionarios públicos que incumplen las leyes.

Los trágicos sucesos de Bengasi

El 2 de junio Hillary Clinton fue citada a declarar ante la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, la más importante institución legal después de la Corte Suprema, pero en la videollamada sólo se presentó su equipo legal, con alegaciones de que toda la información se había ofrecido ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes por la tragedia ocurrida en Bengasi [asalto del que fue objeto la sede diplomática de EEUU en esa ciudad libia el 11 de septiembre del 2012, donde murieron 4 estadounidenses, entre ellos el embajador Christopher Stevens].

En una reseña de los sucesos de Bengasi, el periodista de investigación Seymour Hersh -que cita a un antiguo funcionario anónimo de inteligencia del Departamento de Defensa- asegura: “La única misión del [consulado estadounidense en Bengasi] era proporcionar cobertura para el movimiento de armas [en el Medio Oriente]. No tenía un papel político real. Y añade “el ataque supuestamente puso fin a la presunta participación de Estados Unidos, pero no detuvo el contrabando”, indica la fuente de Hersh.

Para mayo del 2012, Libia se había convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo; sin embargo, el 22 de ese mes, la administración de Barack Obama envió al embajador Christopher Stevens a la ciudad de Bengasi para coordinar las misiones de EEUU en Libia. El 11 de septiembre de ese mismo año la sede estadounidense fue atacada e incendiada por miembros armados de Ansar Al-Sharia, radicada en Yemen y ramificación de Al Qaeda.

Según reportes, un destacamento de la Fuerza Delta estadounidense se encontraba a menos de 2 kilómetros de la embajada en un anexo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero las órdenes de Hillary Clinton fueron de [no intervenir].

En el trágico suceso murió el embajador Stevens y tres miembros del personal diplomático y de seguridad.

Una de las principales denuncias en este caso fue que la CIA, con el consentimiento de Hillary Clinton, trasladaba armas desde Libia a Siria para ayudar a rebeldes a extinguir el gobierno de Bashar Al Assad en Siria, acción similar que provocó el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi, un año antes. Luego, muchos de estos rebeldes terminaron en las filas del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS).

En las audiencias para analizar estos sucesos, quedó al descubierto que durante la gestión de Hillary Clinton se habilitó un servidor privado fuera de la auditoría del gobierno de EEUU. La respuesta de la entonces secretaria de Estado ante ese señalamiento fue: “Lo hice para coordinar el casamiento de mi hija”. Más tarde se comprobó que 33.000 correos electrónicos fueron borrados de ese servidor.

El director del FBI en ese momento, James Comey, recomendó no enjuiciar a Hillary en una Corte Federal, por falta de suficiente evidencia sobre delitos probables, aunque reconoció lo “extremadamente descuidada” que fue en el uso de correos electrónicos clasificados.

Judicial Watch busca el enjuiciamiento a Hillay Clinton

En la audiencia convocada para el 2 de junio, la abogada de Justicial Watch, Ramona Cotca, cuestionó:

“¿Por qué es que cuatro años después de que el FBI cerró su investigación todavía hay correos electrónicos adicionales de Clinton que se están procesando? ¿Por qué no fueron buscados, localizados y procesados antes?” y añadió: “Incluso hasta hoy, el Departamento de Estado no sabe cuál es el universo de los correos electrónicos de Clinton al frente del Departamento de Estado, y ese es el problema importante aquí”.

La orden emitida por el juez Royce Lamberth para que Clinton declarara por primera vez sobre el uso de su cuenta privada de correo electrónico, al frente de la Secretaría de Estado, está relacionada con una demanda del grupo Judicial Watch, presentada hace más de cinco años.

La disposición del letrado autorizó al grupo a investigar la gestión de Clinton, la de otras personas relacionadas con el caso e incluso permite citar a Google por sus registros relacionados con los correos electrónicos.

“El Tribunal no cree que el Estado posea actualmente todos los correos electrónicos de Clinton recuperados por el FBI; incluso años después de la investigación del FBI, todavía debe explicarse la lenta fuga de nuevos correos electrónicos”, afirmó el juez Lamberth.

Hillary Clinton ha ofrecido en otras ocasiones declaraciones escritas sobre el tema, sin embargo, el juez calificó las respuestas de “incompletas, inútiles o superficiales”.

La orden especifica que Clinton y quienes sean llamados, sólo pueden ser cuestionados sobre los correos electrónicos relacionados con el ataque contra instalaciones estadounidenses en Bengasi, Libia, en el 2012.

Ted Cruz habla ante el comité judicial del Senado

En una intervención ofrecida ante el comité judicial del Senado, el senador por el estado de Texas, el republicano Ted Cruz, sintetizó el proceso que se sigue contra Hillary Clinton y puso en evidencia la presunta participación del ex presidente Barack Obama.

“La pregunta central aquí es sobre corrupción y abuso de poder”, dijo el senador Cruz en su alocución.

“Lo que se ha hecho público y que ahora sabemos es que la administración de Barack Obama ordenó al FBI y a la CIA perseguir a su oposición política”.

“Este Comité ha escuchado testimonios de que ellos no solo autorizaron ‘pinchar’ el teléfono de un asesor principal de la campaña de Trump, sino que enviaron espías con micrófonos para monitorear a sus oponentes; interceptaron llamadas de un general de tres estrellas que sería el asesor de Seguridad Nacional del nuevo Presidente. Crearon evidencias falsas alterando “emails” enviados de la CIA al FBI. Esto es un delito del FBI de crear falsas evidencias. Porque el FBI le preguntó a la CIA si Carter Page [exasesor de política exterior de Trump] estaba trabajando con la CIA y ayudando a la CIA, a lo que la CIA respondió que sí y el abogado del FBI cambió lo que decía ese email por un NO”.

“Si cualquier persona hace eso, cualquier corte en EEUU lo pondría en la cárcel por fraude una larga temporada”, alerto Cruz, quien agrego:

“Pero también sabemos que esto supuestamente no fue autorizado, y estoy de acuerdo con el senador Kennedy cuando dice que hay gente que quiere decir que esto lo autorizó un abogado nueve niveles por debajo. Aquí está el problema, nosotros sabemos que esto se autorizó al máximo nivel”.

“Enero 5 del 2017, después de las elecciones cuando el mundo entero está en shock porque Hillary Clinton no ganó y !ay, Dios mío, Donald Trump será presidente!… Normalmente en enero 5, la gente en la Casa Blanca está recogiendo sus cosas y preparando su partida ¿Pero qué están haciendo en enero 5 en la Casa Blanca?… Una reunión en la oficina Oval entre Barack Obama y Joe Biden, y ¿de qué están hablando?… de la vigilancia al nuevo asesor de Seguridad Nacional”.

“¿Qué más sabemos? que Sally Yates, la Fiscal General Adjunta de Estados Unidos, estaba sorprendida de la vigilancia al general Michael T. Flynn, mientras Comey, director del FBI estaba reportando directamente al presidente Obama”.

“Sally Yates dijo que ella se había enterado de esto por Obama. La Fiscal General de EEUU dice que no tenía idea de que el FBI y la CIA vigilaban [ilegalmente] a un general que sería el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump. Pero el presidente Obama sabía… ¿Por qué Comey estaba reportando directamente la persecución de sus oponentes políticos?”.

Bajo apego a las leyes federales

La ley en Estados Unidos no respalda que la CIA ni el FBI trabajen a favor de ningún partido político, excepto en un probado caso, con suficientes evidencias, de que exista espionaje u otro grave delito que ponga en peligro la Seguridad Nacional. Y de esta forma, también tendría que ser avalado por una orden especial emitida y firmada por un juez federal y por la Fiscal General del país para que esa investigación proceda legalmente.

Ambos organismos federales son para resguardar la Seguridad Nacional en absoluto apego a las leyes federales y a la Constitución, no para servir a campañas de partidos ni a intereses políticos de grupos y organizaciones internas o externas.

Durante la audiencia del 2 de junio, el panel judicial de apelaciones de tres jueces escuchó argumentos de la abogada de Hillary Clinton y de Judicial Watch, a pesar de que la exsecretaria de Estado recibió la orden de declarar sobre sus correos electrónicos privados en un servidor del gobierno y asuntos relacionados con el ataque a la embajada estdounidense en Bengasi.

Según los argumentos del caso reabierto por el Departamento de Estado y Judicial Watch, es probable que Clinton y varios altos funcionarios de la anterior administración, tengan que declarar bajo juramento ante la Justicia.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, el partido demócrata podría encarar otro gran escándalo con el mismo tema que puso contra las cuerdas a Hillary Clinton, semanas antes de las elecciones del 2016 cuando la exsecretaria de Estado aspiraba a la Casa Blanca.

En esta ocasión, le tocaría a Joe Biden lidiar con el impacto que provoque el proceso contra Hillary Clinton y otros ex funcionarios de la administración Obama. El suceso podría influenciar el resultado de los comicios de noviembre e incidir también en la correlación de fuerzas partidistas en la Cámara de Representantes y en el Senado de la nación.