Iliana Hernández puede convertirse en la primera periodista procesada por esta ley. (Luz Escobar).-

La reportera denuncia la imposición ilegal de una multa de 3.000 pesos cubanos.

 

—Menos de un año después de la entrada en vigor del Decreto 370, que regula el uso de internet en Cuba, Iliana Hernández será procesada por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social”. Junto a Boris González y Nancy Alfaya, es uno de los primeros casos de reporteros independientes a los que se intenta aplicar esta norma.

Hernández ha denunciado la imposición de una multa de 3.000 pesos cubanos, que podrían duplicarse si no la satisface antes del jueves, impuesta de manera ilegal. Además ya es oficial que le fue confiscado su teléfono celular y su computadora, según denunció a 14ymedio.

En la unidad de policía le dijeron que esa medida era bajo el amparo del Decreto Ley 370 y que nada tenía que ver con el delito de “receptación” por el que intentan procesarla.

En la unidad de policía le dijeron que esa medida era bajo el amparo del Decreto Ley 370 y que nada tenía que ver con el delito de “receptación” por el que intentan procesarla

“Ayer vino una señora de la oficina de multas muy amablemente a decirme que si no pagaba la multa el día 13 de febrero se me duplica a 6.000 pesos porque ya se cumple un mes. Pero el asunto es que estoy en un proceso penal ahora, le mostré la fianza y todo y no me pueden condenar dos veces por lo mismo, yo ni sabía eso de la multa porque yo no firmé nada en la unidad. Ella tampoco lo entiende pero me dice que la multa está ahí y debo pagarla”, explicó la reportera.

El pasado 8 de enero la policía realizó un registro policial en la vivienda de Hernández durante el que fue detenida y amenazada. Al final del registro los oficiales confiscaron varios objetos personales y otros de trabajo.

“Ellos ya me quitaron mi teléfono y la computadora por esa ley [370], no me dieron ningún documento de ocupación, que es algo ilegal totalmente. Yo solo sé que mi denuncia es la 1305. Al ellos haberme quitado ya mis cosas les da igual cómo quede el caso de receptación”, explicó.

“Yo voy a denunciar eso, no va a servir para nada porque vivimos en una dictadura, pero para que quede constancia que en este país no hay derechos para nadie. Ya es demasiado el abuso y uno está totalmente indefenso, no me van a callar nunca, ya se lo han hecho a Nancy Alfaya, a Boris González, no van a parar”.

El pasado 13 de enero la reportera presentó a las autoridades varios documentos que dan cuenta de la obtención lícita de su computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados durante el registro, pero en la unidad de policía los oficiales no los quisieron aceptar.

“Es obvio que esto lo hacen por mi trabajo con medios independientes, es lo que hacen ellos con nosotros, reprimir, siempre reprimir”, denunció.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reclamó al Gobierno que retirara de inmediato las acusaciones contra la reportera y que le fueran devueltos sus equipos de trabajo.

“Las autoridades cubanas deben retirar inmediatamente sus falsos cargos contra la periodista Iliana Hernández y dejar de amenazarla con presentar un proceso penal”, declaró Natalie Southwick, la coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.

“Trabajar para medios independientes y poseer equipos básicos para ejercer el periodismo no es un delito. Las autoridades cubanas deben devolverle a Hernández la computadora y el teléfono, y permitirle trabajar libremente”, subrayó Southwick.

“Trabajar para medios independientes y poseer equipos básicos para ejercer el periodismo no es un delito. Las autoridades cubanas deben devolverle a Hernández la computadora y el teléfono, y permitirle trabajar libremente”

Desde diciembre de 2018 Iliana Hernández es colaboradora de CiberCuba, además presenta emisiones en directo en las redes de ese portal para comentar las noticias de actualidad.

El Decreto 370 establece un amplio control por parte del Gobierno sobre internet. Lo hace a través de regular el uso de las nuevas tecnologías, una mayor supervisión sobre las redes inalámbricas y estrictos límites para la publicación de contenido en línea. Las sanciones incluyen no solo la multa, sino también el decomiso de los equipos y medios utilizados, la remoción de la licencia que autoriza a la prestación de servicios de administración de redes de forma temporal o definitiva y la clausura de las instalaciones.

La entrada en vigor de este Decreto levantó una amplia condena por parte de organismos internacionales vinculados a la libertad de expresión y también numerosas críticas desde el activismo y el periodismo independiente. Especialmente, entre aquellos medios de prensa que han aprovechado la irrupción de las nuevas tecnologías para labrarse un espacio informativo en paralelo a la prensa oficial.