Represión contra las Damas de Blanco en Cuba. / FORESIGHT CUBA.-

 

 

Reconoce que esas figuras, utilizadas por la policía política para sancionar a los opositores, ‘son sumamente vagas y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población’.

DDC , Madrid 

—La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución donde condena el uso que hace el régimen cubano de las figuras de desacato, desorden, peligrosidad social y atentado, contenidas en el Código Penal, para sancionar y llevar a prisión a ciudadanos por razones políticas.

En el texto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU reconoció que esas figuras “predelictivas” que utiliza la policía política para sancionar a los opositores y activistas en la Isla “son sumamente vagas y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población”.

La resolución, emitida tras la revisión de los casos de Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marbel Mendoza Reyes, sancionados en tribunales cubanos por esos supuestos delitos, reitera y amplía un dictamen previo acerca del caso del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien desde septiembre de 2019 cumple una condena de cárcel por similares razones.

El documento advierte que esos activistas fueron aprehendidos “en el marco de detenciones arbitrarias sistemáticas a opositores políticos, cometidas por autoridades cubanas de los últimos años”, y recuerda la necesidad, ya expresada por el Comité Contra la Tortura de esa organización, de reformar las disposiciones del Código Penal en lo que respecta a la peligrosidad social predelictiva, para “poner fin a la detención administrativa con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas.”

La organización defensora de los derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD), que presentó a revisión de ese comité de la ONU los casos aludidos y que ofrecerá al propio mecanismo otros 25 de la misma índole, recordó a DIARIO DE CUBA que en Cuba existen 11.000 casos de personas bajo sanción predelictiva (más de 8.400 en prisión y otros 2.500 en condenas domiciliarias).

Naciones Unidas sentenció además que “Guía Piloto, Mendoza Reyes y Amaro Hidalgo no contaron con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente, que haya representado los derechos y ejercido la defensa de los acusados de manera libre, de conformidad con los estándares internacionales”, y que en su casos “las autoridades cubanas inobservaron de manera grave normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial”, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El organismo internacional asimismo va a remitir esos casos a los relatores especiales sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; así como sobre la independencia de jueces y abogados.

La resolución advierte que “no es la primera vez que el Grupo de Trabajo se encuentra analizando un caso donde se alega que ha habido serias irregularidades en el acceso a la asistencia legal para detenidos en Cuba”; y recuerda al Gobierno que el Comité contra la Tortura de la ONU ya ha señalado con preocupación que “no se han producido cambios significativos en el sistema de Justicia del Estado parte desde la presentación de su informe inicial en 1997. En particular, observa con preocupación la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados.”

La ONU asegura que el remedio inmediato para la situación sería que Guía Piloto, Mendoza Reyes y Amaro Hidalgo sean inmediatamente puestos en libertad y “concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.”

Cuban Prisoners Defenders, por su parte, aseguró que espera del Gobierno cubano que la mejor salida a esta situación, y la de todos los presos políticos de su lista (129 el 1 de febrero de 2020), “es la realización de una auditoría de los casos, tal y como ha realizado Naciones Unidas” en esta ocasión.

También aseguró que la resolución debería contribuir a que la Seguridad del Estado en Cuba sea auditada “y rebaje el nivel de represión creciente que ejerce muchas veces incluso en contra de los funcionarios del Estado” que no forman parte de su estructura.

“Gestos así permitirían creer que hay en Cuba quien quiere salir de la situación de derechos humanos en la Isla, creada por la Seguridad del Estado que, de seguir así, sólo traerá más miseria y aislamiento para el Gobierno de Cuba”, advirtió CPD.