Tienda estatal en La Habana. / REUTERS.-

Numerosos juristas y periodistas cuestionan las prácticas periodísticas y judiciales que ‘violan el debido proceso’.

DDC, Madrid 

—Las noticias relacionadas con delitos de carácter económico han tomado un inusual protagonismo en los medios de prensa controlados por el régimen cubano.

En una evidente estrategia de atemorizar a la población ante este tipo de actos, relacionados en su mayoría con desvío de productos, acaparamiento y comercialización fuera del amparo de la ley, se violan sistemáticamente los derechos de los acusados.

Tanto desde el punto de vista jurídico como periodístico se cruzan numerosas líneas rojas: son publicados interrogatorios a los sospechosos en la misma “escena del crimen”; en ocasiones se muestran sus nombres e incluso los de sus padres, la dirección de sus viviendas y el número de carné de identidad.

En un país democrático, donde existe la separación de poderes, la relación entre los medios y el sistema judicial es muy distinta, pero en Cuba es especialmente grosera la utilización de una maquinaria que enjuicia penal y moralmente a los ciudadanos con el objetivo de que los demás aprendan la lección.

Ni la corrupción ni los delitos económicos son algo nuevo en un país donde no se vive del salario, y donde revendedores y “negociantes” no son los culpables de que en los mercados estatales escaseen los productos.

La periodista del telecentro estatal Islavisión Yuliet Pérez, publicaba al respecto en sus redes sociales: “si usted se regodea haciendo ‘trabajos periodísticos’ del género ‘juicio o tribunal’ aun sabiendo que no es ético y que existen mecanismos legales para procesar a estos tipos y que juzgarlos así en público ya vendría siendo una segunda sanción, usted está haciendo lo mismo que ellos: lucrando con la pandemia”.

A esos acusados tampoco se les brinda el derecho a réplica, pues los medios de comunicación son propiedad del Partido Comunista de Cuba y no permiten el menor espacio al disenso y la variedad de opiniones.

Recientemente, Humberto López, presentador de “Hacemos Cuba”, uno de los espacios de la televisión oficial que encabeza estas malas prácticas intentaba justificarlas mediante una publicación en su cuenta de Facebook: “los juicios orales y públicos se convierten en mensaje preventivo y protector para la sociedad. Al acudir a la vergüenza colectiva se envía una clara señal a los que incumplen y ponen en riesgo a los demás”.

Sobre esto comentó el abogado Eloy Viera en un texto publicado en Periodismo de Barrio: “No hay fundamentos legales que justifiquen los reportajes criminales con los que en la última semana se ha colmado la prensa nacional. No cumplen con estándares éticos y de periodismo serio. Pero tampoco responden al ejercicio autónomo e independiente de los derechos de información y de expresión que deben sostener la labor de los medios de prensa”.

Por esta razón Viera añadió “eso los convierte en materiales lesivos para los implicados y para una sociedad que continúa reproduciendo y aceptando las actitudes de vigilancia policial que ven premiadas con estos reportajes. Una actitud que demuestra que en Cuba muchos siguen prefiriendo sacrificar al individuo y sus derechos, antes que mirar y enfrentar la causa real de los problemas que le aquejan”.

Mientras tanto, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, único gremio periodístico autorizado en el país, comentaba como quien vive en otro planeta que “el sistema de prensa cubano está alcanzando su mayor brillo y ofrece sensibles señales de responsabilidad social, el carácter ético de la profesión, su indeclinable vocación de servicio público y capacidad de respuesta ante imprevistos y requerimientos de innovación y cambio”.

Evidentemente los llamados de Díaz-Canel a actuar con severidad contra quienes violen las normas han sido asumidas como una orden por un sistema de medios que actúa diligente ante los llamados del poder, obviando, sin sonrojarse, los principios más elementales del oficio.

Pues como escribió el doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González: “No hay manual, ni práctica, ni ejercicio de periodismo serio y ético en que quepan tales barbaridades. Hay que salvar al Estado de Derecho en Cuba para hacer que él, por lo menos, nos salve de esta oleada conservadora que hace de la arrogancia, la fatuidad y lo pueril virtud”.