Advirtieron que la polémica “ley antibloqueo” que decretó la dictadura chavista busca liquidar todos los activos de la República, empresas, servicios y tierras, para entregarlas a sus cómplices y asociados empresariales en el país y en el exterior.

Nicolás Maduro Nicolás Maduro.

 

—“El régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, militares y civiles, se proponen rematar en absoluto secreto los bienes que hacen parte de los activos de Venezuela, mediante un acto que denominan antibloqueo”, señalaron en una carta dirigida a los venezolanos pero también al resto del mundo los líderes opositores María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko y Carlos Ortega

Explicaron que mediante un acto absolutamente arbitrario y personal el régimen de Maduro “busca liquidar y blanquear todos los activos de la República, empresas, servicios y tierras, para entregarlas a sus cómplices y asociados empresariales en el país y en el exterior, como ocurrió en la Rusia poscomunista cuando Putin y sus amigos se quedaron con todas las empresas para ponerlas al servicio del continuismo en el poder dictatorial”.

Señalaron que la ley antibloqueo no es para abrir la economía, sino que “representa una monumental operación de expoliación nacional para blanquear capitales extranjeros y los de los carteles de las drogas, facilitada por disposiciones que garantizan la confidencialidad de todas las operaciones que se realicen bajo esta acta de remate de la República, todo con la complicidad de militares, jueces y empresarios locales comprometidos con la narcotiranía”.

Este remate que denuncian , aseguran, es “un hecho de agravada traición a los venezolanos y compromete la seguridad de las próximas generaciones”. “Todos los que participen de este remate de la República quedarán asociados a los narcocriminales que lo promueven y para registro de la historia”, advirtieron.

“Soldados, jueces y fiscales: ¡Rematar a la República es un acto de lesa traición a la patria!”, concluyeron.

Maria Corina Machado, una de las firmantes de la carta (Reuters)Maria Corina Machado, una de las firmantes de la carta (Reuters).

A continuación, el texto completo:

A los venezolanos y las naciones del mundo:

El narco régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, militares y civiles, se proponen rematar en absoluto secreto los bienes que hacen parte de los activos de Venezuela, mediante un acto que denominan “antibloqueo”.

¿Cómo? Mediante un acto absolutamente arbitrario y personal busca liquidar y blanquear todos los activos de la república, empresas, servicios y tierras, para entregarlas a sus cómplices y asociados empresariales en el país y en el exterior, como ocurrió en la Rusia poscomunista cuando Putín y sus amigos se quedaron con todas las empresas para ponerlas al servicio del continuismo en el poder dictatorial.

¿Cómo lo pretende hacer?

Mediante un acto tiránico y arbitrario, sostenido solo sobre las bayonetas que siguen traicionando al país, sumándose actores del poder judicial y empresarios locales comprometidos con la narcotiranía

Antibloqueo no es para abrir la economía, privatizando activos. Todo lo contrario, representa una monumental operación de expoliación nacional para blanquear capitales extranjeros y los de los carteles de las drogas, facilitada por disposiciones que garantizan la confidencialidad de todas las operaciones que se realicen bajo esta acta de remate de la república.

Para blindar la liquidación de los bienes de los venezolanos ordenada por Maduro, dispone este en su “acta de remate” que todas las normas existentes en el país –la Constitución de 1999 y el resto del ordenamiento institucional– “quedan suspendidas” y lo que así se remate no podrá revertirse en el futuro.

Esta decisión, un hecho de agravada traición a los venezolanos y que compromete la seguridad de las próximas generaciones, la toma un personaje acusado de ser responsable directo de crímenes contra la humanidad, tal y como lo reseña el prontuario elaborado por la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; o sea que, todos los que participen de este remate de la republica quedarán asociados a los narco-criminales que lo promueven y para registro de la historia.

El “acto” antibloqueo se asemeja, en lo formal, a la Habilitante para “el remedio del pueblo y del Reich” puesta en vigor en 1933 y con la que Adolf Hitler se hizo de todos los poderes, incluido el legislativo, en la Alemania nazi que se inauguraba.

No para lamentarse la nación hoy en diáspora hacia afuera y hacia adentro, sino para que reaccione ante el robo de su tierra y de sus bienes, vale bien que tenga presente Venezuela que se volvió colonia una vez como la Corona de España arrienda lo nuestro a la familia alemana de los Welzares, en 1528, bajo el argumento de fundar ciudades, repartir tierras, evangelizar a los indios y gobernarnos.

Soldados, jueces y fiscales: ¡Rematar a la Republica es un acto de lesa traición a la Patria!

Octubre de 2020.

La polémica ley

La chavista Asamblea Constituyente que erigió el régimen para quitarle poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición aprobó días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.

La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso le otorga potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.

La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.

Establece “un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos” de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera “ilegal”, pero que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.

La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. Así, la dictadura “podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

“Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional”, celebró en Twitter Maduro tras la aprobación.

Maduro, con Diosdado Cabello, el pre4sidnete de la Constituyente del régimen Maduro, con Diosdado Cabello, el pre4sidnete de la Constituyente del régimen.

El líder opositor Juan Guaidó rechazó la norma, la consideró ilegal y señaló que con ella Maduro, solo busca “saquear” las riquezas del país petrolero.

“Una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla, dictada por un ente fraudulento como la Constituyente, no puede llamarse ley”, expresó Guaidó en Twitter, tras recordar que la ANC, integrada solo por oficialistas, es un cuerpo no reconocido por varios países.

El opositor recordó que las leyes en Venezuela “solo pueden ser aprobadas” por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el cuerpo que él preside desde enero de 2019 y que sí goza de reconocimiento internacional.

“Con ese instrumento ilegal (la ley antibloqueo), el dictador pretende ganar control, sabiéndose cada vez más solo y débil, tratando de ofrecer garantías y prebendas a sus cómplices”, prosiguió Guaidó, que calificó a Maduro, además de dictador, de “narcotraficante y violador de derechos humanos”.

“Nadie hará negocios (con él) y menos invertirá (en Venezuela bajo su Gobierno). Alertamos a los inversionistas a no involucrarse en estas operaciones marcadas por el crimen y la ilegalidad”, añadió.

No es la primera vez que el dictador se aferra a leyes especiales desde que asumió el poder en 2013, una gestión en la que Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y una recesión que se encamina a su séptimo año consecutivo.

Desde enero de 2016 está amparado por un “estado de excepción y emergencia económica” decretado frente a la grave crisis del país.

Washington, que considera “fraudulenta” la reelección de Maduro en mayo de 2018, lidera la presión internacional por un cambio de gobierno con sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril del año pasado. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, reconoce como presidente encargado de Venezuela al líder parlamentario opositor Juan Guaidó.