Panel fotovoltaico junto a una vivienda en Guantánamo. / GRANMA.-

El Decreto-Ley 345 es “ilegítimo” porque está firmado por Raúl Castro, quien terminó su mandato en mayo de 2018, el mismo momento en que se renovó la Asamblea Nacional del Poder Popular y por consiguiente el Consejo de Estado.

 

 

DDC, Miami.-

—La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este jueves 28 de noviembre un decreto-ley sobre el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, firmado por Raúl Castro Ruz el 23 de marzo de 2017, cuando aún era presidente del Consejo de Estado.

Ya Raúl Castro no dirige ningún órgano que emita leyes y, por tanto, ahora mismo no podría publicarse en la Gaceta ninguna ley firmada por él

Tras su entrada en vigor, el Decreto-Ley 345 permitiría a los cubanos adquirir equipos y tecnologías capaces de aprovechar las fuentes renovables de energía, producir corriente eléctrica para el autoconsumo, y vender su excedente a la estatal Unión Eléctrica de Cuba.

Sin embargo, la edición ordinaria de la Gaceta Oficial No. 95 no especifica por qué el Decreto-Ley 345 fue publicado 32 meses después de que el general lo firmara.

De acuerdo con el Decreto 62, sobre normas para la publicación en la Gaceta Oficial de la República, las disposiciones de los organismos centrales del Estado se publican “dentro del término de 15 días de haberse dictado”. Y “en ningún caso estas disposiciones se consideran vigentes hasta tanto no se produzca su publicación” en la Gaceta.

Según las normas cubanas, el Decreto-Ley 345 entraría en vigor el próximo 13 de diciembre.

Esa norma, además de ser extemporánea, no cuenta con el consentimiento de los diputados que fueron ‘electos’ supuestamente por la población

La abogada Laritza Diversent, directora del independiente Centro de Información Legal Cubalex, cree que el Decreto-Ley 345, más allá de violar lo establecido en cuanto al plazo de publicación en la Gaceta, es “ilegítimo” porque está firmado por Raúl Castro, quien terminó su mandato en mayo de 2018, el mismo momento en que se renovó la Asamblea Nacional del Poder Popular y por consiguiente el Consejo de Estado.

Las leyes que emite el régimen cubano son para otros: las tienen que cumplir los ciudadanos, pero no las autoridades ni las instituciones

“Ya Raúl Castro no dirige ningún órgano que emita leyes y, por tanto, ahora mismo no podría publicarse en la Gaceta ninguna ley firmada por él. Si tuviéramos un poder judicial auténtico, habría declarado ese decreto-ley ilegítimo”, explica Diversent a DIARIO DE CUBA.

“Esa norma, además de ser extemporánea, no cuenta con el consentimiento de los diputados que fueron ‘electos’ supuestamente por la población. Eso significa que tampoco cuenta con la legitimidad política y legal que se requiere para adoptar una disposición”.

“¿Esto pasa con frecuencia en el sistema legal cubano?”, se pregunta la abogada. “Pues sí. Generalmente las instituciones del Estado no cumplen con sus propias normas. Es un ejemplo claro de cómo las leyes que emite el régimen cubano son para otros: las tienen que cumplir los ciudadanos, pero no las autoridades ni las instituciones”.

El pasado 11 de septiembre el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció una “crisis coyuntural” por la escasez de combustible en Cuba.

“[Las autoridades estadounidenses] están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba, chantajean a las empresas y los cargueros que hacen negocios con nuestro país, la aplicación de la Ley Helms-Burton ha intimidado y presionado, y esa situación ha provocado en los últimos días una baja disponibilidad de diésel para la producción y los servicios”, dijo Díaz-Canel en una comparecencia televisiva.

A partir de ese momento, organismos del Estado, escuelas y centros laborales tuvieron que profundizar los recortes energéticos, lo que incluyó el cierre parcial o total de empresas y otras instituciones. La mayoría de las salidas de ómnibus locales e interprovinciales fueron canceladas en todo el país.

Aunque Díaz-Canel ya dio por superada la “crisis coyuntural”, el Gobierno de la Isla sigue afrontado una difícil situación energética, especialmente tras la debacle económica, social y política del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el principal socio comercial y proveedor de petróleo de La Habana.

En estas circunstancias es que el Gobierno desempolva el decreto-ley de Raúl Castro, que regula el uso de energías renovables por parte de personas naturales e instituciones.

Según esa disposición legal, ahora deben establecerse “las regulaciones para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía” encaminadas a “la sustitución progresiva de los combustibles fósiles” y “la elevación de la eficiencia у el ahorro energéticos”, entre otros motivos.

El decreto-ley no precisa los límites máximos de potencia de los sistemas fotovoltaicos que se instalarían en el sector residencial. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dispone que la Unión Eléctrica (UNE) debe comprar toda la energía eléctrica producida por personas naturales.

Los cubanos podrán adquirir paneles fotovoltaicos en una red de establecimientos seleccionados, incluidas las tiendas recaudadoras de divisas, según dispuso el Ministerio de Comercio Interior. La instalación y montaje quedará a cargo de entidades del Estado.