Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la abogada Tamara Suju durante la presentación del informe. INSTITUTO CASLA.-

‘Están en centros clandestinos de tortura, los llaman los isleños’, dice Tamara Suju.

DDC, Washington 

—“Funcionarios cubanos participan en la planificación y comisión del crimen de tortura” en Venezuela, dijo la abogada venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla, al entregar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, un informe sobre la represión en el país sudamericano.

En declaraciones ofrecidas al canal de televisión NTN24, Suju advirtió de un aumento en la crueldad de los métodos de tortura y señaló que en el último año el régimen de Nicolás Maduro ha elegido mostrar a los reos en los tribunales aún con secuelas de los daños físicos. A su juicio, la intención es controlar a Venezuela “a través del horror”.

“Los están exponiendo para que la gente vea de qué son capaces”, dijo Suju.

Los agentes cubanos están “al frente, acompañando a los torturadores venezolanos. Ellos están en centros clandestinos de tortura, los llaman ‘los isleños’, y acompañan a los miembros de inteligencia, incluso a ‘colectivos’ (grupos paramilitares) y FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), en la ejecución de las torturas”, añadió Suju.

Hay “inducción, nuevos métodos, es decir, están adiestrando a funcionarios del GDCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), y a mí no me cabe ninguna duda de que esos terribles métodos que hemos estado observando últimamente son inducidos por ellos (los cubanos)”, afirmó.

“Los cubanos están en Fuerte Tiuna, están dentro de organismos de seguridad del Estado, están dentro de empresas del Estado, ellos forman a personas de inteligencia venezolana para que justamente ejerzan la represión”, dijo Suju.

En la presentación del informe, el Instituto Casla advirtió de un alarmante aumento de las agresiones de tipo sexual. Los 41 agredidos sexualmente por el régimen denuncian haber sido desnudados, sometidos a conatos de violación y lesiones en los genitales, reportó el diario español ABC.

Según Casla, que lleva 18 años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela, es el nuevo embajador de Cuba en Caracas, Dagoberto Rodríguez, quien organiza, controla y revisa las torturas de los agentes de la Isla infiltrados en Venezuela, con el consentimiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del director de la inteligencia militar, general Iván Hernández Dala.

El Instituto Casla dijo que recibió en 2019 un total de 19 denuncias de tortura, que afectan a 83 víctimas.

Mencionó además 45 casos de desaparición forzosa de los que tiene constancia. Algunos se prolongaron más de un mes.

En un 95% de los casos denunciados, el responsable de esas desapariciones fue la DGCIM, aunque también tuvieron papel en ellos los colectivos, organizaciones paramilitares que actúan por órdenes del régimen.

De las víctimas que en 2019 han sido sometidas a tortura, un 53% son civiles y el resto, militares, según el registro de Instituto Casla. Entre ellos hay incluso niños de entre 13 y 16 años, aunque el promedio de edades es de entre 19 y 40 años. Entre los torturados hubo también dos mujeres. Casla ha presentado las demandas pertinentes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Entre los métodos utilizados por el régimen de Maduro, Casla menciona “privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora, también el sometimiento a temperaturas extremas, a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión, provocadas incluso por las torturas, tratos crueles o inhumanos a los que han sido sometidos”.

Entre las torturas específicas que describe el Instituto se encuentran 83 casos de patadas, 78 agresiones con objetos contundentes, 40 palizas con tablas y 40 golpes en las costillas, entre otros. Además, hay 50 denuncias de asfixia y ahogamiento fingido, uno de los más graves casos de tortura, ampliamente condenado por las organizaciones internacionales. En 38 de esos casos se colocaron bolsas de plástico en las cabezas de las víctimas.

Más alarmantes aún son las 40 denuncias de aplicación de descargas eléctricas y 43 casos de colgamiento desde las extremidades. En 38 de esas agresiones, los torturadores emplearon sustancias psicotrópicas para aturdir a las víctimas y facilitar la tortura. A aquellos a los que se les vendaron los ojos o se les encapuchó —43 víctimas— se les asustó incluso efectuando disparos junto a sus oídos, entre otras intimidaciones.