Carretillero. (LA DEMAJAGUA).-

 

 

La medida cumple con el llamado de Díaz-Canel a ‘controlar los precios’, dice el Gobierno.

 

 

DDC, Bayamo.-

—El Gobierno de Bayamo decidió asignar una chapa a las carretillas ambulantes dedicadas a la venta de productos agrícolas de la ciudad con el propósito de “facilitar a la población la denuncia de las violaciones” en el precio y la calidad de los productos.

De acuerdo con el reporte del semanario oficial La Demajagua, Eric Joa Llovet, vicepresidente del Gobierno en el municipio, aseguró que la medida responde a “las constantes denuncias de los granmenses en relación con la alteración de los precios de los carretilleros y la mala calidad de sus ofertas.”

La chapa que llevarán los vehículos tendrá la identificación de la capital provincial, un número “grande en rojo para identificar a cada carretillero”, así como los teléfonos de atención al consumidor a los que pueden remitirse las quejas.

El funcionario agregó que ya la mayoría de los carretilleros acudieron a las oficinas a recoger su identificación, pero los que no la usen “serán considerados como ilegales aunque posean la licencia” para vender productos.

Joa Llovet recordó que los inspectores pueden multar o retirar la licencia a los carretilleros que violen las regulaciones de precios y no lleven la chapa.

Aseguró que la medida “protege a la población” y cumple con “el llamado” del gobernante Miguel Díaz-Canel a “controlar los precios de determinados bienes y servicios a la población, tras el aumento salarial”.

Ante el desabastecimiento generalizado que golpeó recientemente a la Isla, y que no ha finalizado del todo, uno de los chivos expiatorios favoritos del Gobierno han sido tradicionalmente los vendedores privados, a quienes la prensa oficial acusa de la carestía y de acaparar, sin señalar al propio tiempo la ineficacia de un sistema económico incapaz de sostener en el tiempo las ofertas de productos y servicios.

Durante el verano, el Gobierno cubano impuso topes de precios a los productos y servicios que ofertan los trabajadores privados. Al propio tiempo, las autoridades llamaron a la población a denunciar cualquier violación de precios, actitud que han fomentado y estimulado como una supuesta forma de evitar que los precios, ya considerablemente altos, se disparen.

A inicios de octubre, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, Villa Clara, condenó al chofer de una “motoneta” a tres años de privación temporal de libertad por un delito de daños contra la propiedad de una profesora, pese a que el acusado mostró arrepentimiento y resarció a la perjudicada de forma económica.