Cubano en bicicleta por una calle de La Habana. / CUBADEBATE.-

Las sanciones derivan de los juicios ‘ejemplarizantes’ hasta ahora celebrados en la provincia de Matanzas.

DDC, Matanzas 

—La Fiscalía de Matanzas ha enviado a la cárcel a una veintena de personas acusadas de “propagación de epidemias” y otros delitos que el Gobierno cubano prometió combatir con mano dura en tiempos del nuevo coronavirus y de cuya cruzada se hace eco la prensa oficial de manera “ejemplarizante”.

Según dijo a la oficial Agencia Cubana de Noticias (ACN), Daysi Ramírez Naranjo, fiscal jefa en Matanzas, las fugas de centros de aislamiento y cuarentena sobresalen entre los delitos más graves en esa provincia en la actual situación de expansión del Covid-19.

Ramírez Naranjo explicó a la ACN que, tanto en el caso de los dos ciudadanos que abandonaron un centro de aislamiento en la ciudad, como en el de un detenido fuera del perímetro de una zona de cuarentena restringida, se aplicaron sanciones severas por el delito de propagación de epidemia.

La fiscal recordó que la propagación de epidemia es una figura delictiva presente en el Código Penal cubano para reprimir conductas en situaciones como las que se presentan actualmente, y podría acarrear de tres meses a un año de privación de libertad o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas.

En Matanzas, dijo, se presentaron hasta el jueves último 233 denuncias, 135 por propagación de epidemia, 42 por delitos contra agentes de la autoridad, 46 por actividad económica ilícita, receptación, especulación y acaparamiento, además de una decena por otras figuras menos comunes como robo con fuerza, hurto e incumplimiento de preservar bienes, aclaró.

Precisó que 46 denuncias se presentaron ante los Tribunales Municipales Populares, con 24 juicios celebrados y 27 acusados sancionados, de ellos 20 a privación de libertad, cuatro a trabajo correccional con internamiento, dos a trabajo correccional sin internamiento y uno a multa.

Los delitos de mayor incidencia por los que se juzgaron a los acusados son propagación de epidemias (16), especulación y acaparamiento (5), actividades económicas ilícitas (3) y en los delitos de desacato, resistencia y desobediencia, uno en cada modalidad, detalló.

La jefa también del grupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial (CDP) dijo que en 92 denuncias se aplicó el artículo 8.3 del Código Penal, que refiere la imposición de altas multas administrativas, que fluctúan entre los 200 y 2.000 pesos en moneda nacional, con posibilidad de llegar a 3.000 de modo excepcional.

La excepcionalidad, sin embargo, se ha vuelto regla en las multas que en las últimas semanas el Gobierno ha impuesto sobre todo a periodistas independientes bajo los supuestos del Decreto-Ley 370 por publicar en Facebook sobre cuestiones públicas en medio de la pandemia.

Por estos días la prensa oficial hace énfasis en los operativos policiales y las sanciones que imponen las autoridades a empleados estatales que malversan, manipulan precios y roban alimentos. Los reportajes insisten en culpar de la escasez a los presuntos revendedores de productos que escasean en las tiendas estatales, quienes en su mayoría trabajan con licencias otorgadas por el Gobierno y pagan impuestos por su actividad.