Oficina de Western Union en La Habana. / EFE.-

Afirma que el 70% de los puntos de pago de remesas son de empresas en la ‘lista negra’ de EEUU, pero no aclara por qué no transfiere sus servicios al 30% restante.

FINCIMEX aseguró que es imposible en 30 días “organizar soluciones alternativas” para la recepción de los envíos de remesas Cuba que hoy entrega Western Union con la financiera del consorcio empresarial de los militares GAESA como intermediaria.

Esto, en referencia a las nuevas sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro de EEUU que entrarán en vigor el 27 de noviembre próximo, que afectan a más de la mitad de las empresas de envíos de dinero a la Isla con acuerdos con FINCIMEX, a la que Washington incluyó entre las entidades sancionadas.

En una declaración publicada por la entidad financiera en su muro de Facebook, aseguró que EEUU miente a la opinión pública e intenta ocultar su presunto propósito de eliminar las remesas hacia Cuba.

“Durante más de 20 años FINCIMEX ha invertido en equipamiento, locales, preparación y capacitación del personal y en infraestructura de comunicaciones para lograr una red de pago capaz de sostener el alto nivel operacional de las compañías remesadoras internacionales”, afirmó la empresa.

“Los 407 puntos de pago que conforman la red de Western Union, con presencia en todos los municipios del país, utilizan accesos a internet para su conectividad con la plataforma de la compañía norteamericana y funcionan basados en niveles de integración tecnológica y de procesos logísticos fuertes a nivel nacional. Nada de esto se logra en 30 días, término fijado unilateralmente por el Gobierno estadounidense para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones de OFAC”, agregó.

La nota reconoció que el “70% de la red de puntos de pago está conformada por empresas incluidas en la lista de entidades restringidas”, la llamada “lista negra” del Departamento de Estado que reúne los negocios vinculados a los militares y al aparato de inteligencia cubanos.

Aunque la financiera aseguró que incluso sin su gestión “como representante de Western Union en Cuba, se verían obligados a cerrar”, no explicó por qué no transfiere su negocio al 30% restante de la red de puntos de pago existentes en Cuba.

“Quienes diseñaron las medidas conocen muy bien que no sería posible en 30 días organizar soluciones alternativas. Para Financiera CIMEX S.A es evidente la intencionalidad del Gobierno norteamericano de interrumpir las remesas a Cuba y, claro está, para ello necesitan como de costumbre mentirle a la opinión pública”, culminó la nota.

A pesar del anuncio de FINCIMEX de que Western Union tendría que cerrar en toda la Isla, esta misma semana esa empresa afirmó a través de un comunicado publicado en su página web que trabaja “para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones en Cuba”.

Además, en contraste con la información divulgada por FINCIMEX, que anunció el cierre de las 407 oficinas de la empresa de remesas estadounidense en Cuba, la entidad aseguró que los servicios que ofrece entre EEUU y la Isla siguen operando.

Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de EEUU, dijo a DIARIO DE CUBA que las remesas “siguen fluyendo a Cuba según nuestras regulaciones, lo único que no pueden es fluir a través del sistema militar cubano. Cuba es el único país del hemisferio donde las remesas fluyen a través de los militares y donde ellos se embolsillan una parte de esas remesas. El Gobierno de Estados Unidos no va a permitir que tal sistema continúe. Estamos enfocados en proteger los intereses del pueblo cubano”.

La funcionaria subrayó que existen “instituciones no militares a través de las cuales se puede enviar remesas a Cuba y el régimen lo sabe. Si el régimen quisiera hacer anuncios honestos lo diría. (…) Las negociaciones continúan en este momento y no tengo autoridad para predecir cómo van a terminar, pero sé que hay alternativas y eso se tiene que negociar”.

Las remesas que los emigrados cubanos envían a sus familias en la Isla constituyen la fuente de ingresos más sustancial del Gobierno cubano. Aunque La Habana evita hacer públicas las cifras oficiales de esos ingresos, The Havana Consulting Group estimó que solo en 2018 entraron alrededor de 6.600 millones de dólares por ese concepto, ya fuere en efectivo o en mercancías.