Maikel López tiene un pequeño puesto de venta de frutas y viandas que abastece a su vecindario. (Ricardo Fernández).-

 

Las medidas del Gobierno contra el sector privado han empeorado la distribución de alimentos.

—Beatriz, una enfermera de 46 años, ha tenido serios problemas para abastecerse de viandas y hortalizas desde que estalló la pandemia. La mujer trabaja largas jornadas diarias, seis días a la semana, en un hospital de Camagüey, es madre soltera y atiende a su padre, un anciano que necesita de cuidados constantes.

Como le faltaba tiempo para hacer las largas y habituales colas o para desplazarse a los mercados agropecuarios estatales, Beatriz le compraba a un carretillero: un cuentapropista o vendedor particular que vende en su carreta los suministros en su barrio.

En Camagüey existen más de 300 carretilleros que abastecen a unos 100 hogares cada uno, lo que representa más del 20% de la población de la ciudad, según cálculos propios basados en información oficial.

Desde que comenzó a extenderse por Cuba el nuevo coronavirus, el carretillero desapareció y, con él, la posibilidad de que Beatriz pueda comprar alimentos frescos

Pero desde que comenzó a extenderse por Cuba el nuevo coronavirus, el carretillero desapareció y, con él, la posibilidad de que Beatriz pueda comprar alimentos frescos y a domicilio.

“Conseguir viandas y hortalizas se ha vuelto imposible para mí”, dice Beatriz, que pide no ser identificada con su nombre real por temor a represalias.

A raíz de la pandemia, el Gobierno de la provincia introdujo medidas para controlar más la distribución de alimentos y, en teoría, evitar precios abusivos y acaparamiento de comida. Pero, en realidad, las medidas parecen diseñadas para atacar a los cuentapropistas y al sector privado, un hecho que ha empeorado la distribución no solo de alimentos, sino de productos básicos importados, y que ha afectado las cadenas de distribución formales e informales.

Durante la pandemia, el Gobierno ha endurecido los controles a un sector que, aunque minoritario, es clave para la economía. Vendedores de productos importados han sido sancionados por su actividad, la cual normalmente había sido tolerada, y comerciantes de productos agrícolas, que antes podían ejercer sin muchos obstáculos, han sufrido la incautación de mercancías por vender a sobreprecio o por no poder demostrar que habían adquirido sus productos legalmente.

En La Habana, las autoridades provinciales anunciaron a mediados de julio que en el transcurso del año se cancelaron las licencias de 281 cuentapropistas, en su mayor parte del sector de la venta de alimentos, una cifra considerable teniendo en cuenta que en todo 2019 se emitieron 56 licencias a cuentapropistas en la provincia.

Cola en el mercado estatal de la Plaza Joaquín de Agüero en Camagüey, para adquirir plátano burro, el único producto a la venta a comienzos de mayo. (14ymedio)
Cola en el mercado estatal de la Plaza Joaquín de Agüero en Camagüey, para adquirir plátano burro, el único producto a la venta a comienzos de mayo. (14ymedio).

En Holguín, los carretilleros fueron una de las primeras víctimas de los nuevos controles gubernamentales. Ahora enfrentan más restricciones de las habituales y, ante el temor de ser multados o que se les decomisen sus productos, optaron por dejar de vender.

Sin ellos, muchos vecinos como Beatriz solo tienen la opción de desplazarse al mercado agropecuario de Hatibonico, de propiedad estatal, el único en la ciudad en el que se venden viandas.

La medida agudizó las largas filas para adquirir los alimentos que el Gobierno puso a la venta, sin previo aviso, en lugares predeterminados, con lo que los ciudadanos se exponen a una probabilidad mayor de contagiarse con el covid-19.

La actividad de los carretilleros y otros cuentapropistas siempre implicó moverse en una zona gris. Su actividad en sí es legal, pero debido a las deficiencias del sistema económico cubano, con frecuencia se han visto incentivados a realizar actividades que no son legales, aunque sí toleradas.

Por ejemplo, tienen permiso para acudir a los mercados estatales, comprar allí mismo los alimentos al mismo precio que cualquier otro consumidor y después revenderlos por los barrios con un margen de ganancia máximo del 30%.

Sin embargo, es común que los carretilleros vendan algunos productos, como los cubitos de caldo o sazones, que no está claro si pueden distribuirse legalmente por esa vía, o que hagan algo que sí está prohibido: acudir directamente a comprar sus productos a los campesinos en vez de a los mercados estatales.

Recurrir a los campesinos de manera directa para lograr comprar más barato, a precio mayorista, les permite reducir el precio de venta a sus clientes. En la práctica, implicaba la legalización de un mercado mayorista, algo que cuentapropistas y agricultores han reclamado con frecuencia, y que fue tolerado hasta la llegada de la pandemia.

“Todo el transporte que llegue a Camagüey con productos agropecuarios no puede ser vendido en los barrios, tienen que ir hacia el mercado (Hatibonico), según lo establecido, y allí se procede a la recepción por las cooperativas que tiene los representantes y se vende a los precios convenidos”, advirtió Antonio Delgado, responsable de la Dirección Integral de Supervisión. Así, la compra directa a los productores quedó proscrita.

“A pesar de tener todos los documentos en regla no podemos comprar directamente a los productores”

“A pesar de tener todos los documentos en regla no podemos comprar directamente a los productores”, dijo Maikel López, quien lleva ocho años como carretillero. “Por lo que nuestras ofertas no están al alcance de todos los bolsillos, pero aun así los vecinos nos compran”.

A su vez, las autoridades restringieron los días y las horas en las que pueden comprar en el mercado agropecuario estatal. El acceso quedó limitado a dos días a la semana y solo de 6:00 a 8:00 de la mañana. Además, se introdujeron nuevos límites a las cantidades de productos que pueden adquirir.

El Consejo de Defensa Provincial aseguró que las medidas buscaban atender “la necesidad del ordenamiento para que la población tenga más acceso a las viandas y otros frutos menores”, pero en realidad dificultaron la labor de distribución de los carretilleros.

“Las medidas del Consejo de Defensa Provincial nos han puesto trabas que hacen imposible nuestro trabajo”, dice López, que es de los pocos que aún mantiene su negocio abierto. “La compra de productos solamente la podemos realizar en el Mercado Estatal Hatibonico porque ahí nos entregan un documento legal que nos avala, para poder trasladarlos sin que los decomisen y nos acusen de acaparamiento. Pero además nos obligan a comprar solo los martes y viernes, durante dos horas”.

El mercado se encuentra en una pequeña explanada cerca del río que le da nombre y en su interior acumula estrechas naves de fibrocemento subdivididas que sirven de tarimas a los muchos puestos de venta, pensados, en sus inicios, para el comercio minorista.

Eso hace que se vean obligados a adquirir sus mercancías en los improvisados almacenes o directamente en los camiones que traen los productos al mercado, lo que provoca aglomeraciones y colas.

“Llegué el martes, hice mi cola y cuando fui a comprar el tomate, me vendieron nada más 25 libras porque es lo que está establecido. Eso en mi punto de venta duró un par de horas, desde entonces no tengo tomate y no me toca volverlo a comprar hasta el viernes”, explica López, quien se esfuerza en mantener el surtido para los clientes asiduos de su barrio.

En días pasados, el emprendedor fue sometido a un registro policial donde le decomisaron incluso los alimentos de consumo familiar y lo multaron con 2.000 pesos por vender el arroz de un amigo que lo cosecha sin estar afiliado a una cooperativa estatal.

El carretillero Maikel Lopez fue sancionado por vender productos prohibidos a carretilleros con una multa de 2.000 pesos, cifra equivalente al salario medio del país durante tres meses. (Ricardo Fernández)
El carretillero Maikel Lopez fue sancionado por vender productos prohibidos a carretilleros con una multa de 2.000 pesos, cifra equivalente al salario medio del país durante tres meses. (Ricardo Fernández).

“Si pudiéramos gestionar legalmente los productos directo con los campesinos, nuestros precios bajarían y los alimentos llegarían a la población de forma estable porque el sector privado ha demostrado ser más eficiente que la gestión estatal”, dice López mientras pesa un trozo de calabaza para uno de sus clientes. “Pero no se nos permite y se nos reprime si lo intentamos. Eso hace que a muchos productores se les pudran los alimentos en el campo mientras las ciudades están desabastecidas”.

Por otra parte, sin los carretilleros, los agricultores no tienen más remedio que esperar a que el Gobierno compre y pague sus cosechas, algo que con frecuencia se vuelve un trámite lento y difícil.

“Yo no puedo trasladarme hasta el mercado estatal, porque a raíz de una trombosis venosa quedé discapacitado, por eso siempre trato de comprar las ensaladas y viandas cuando pasan los carretilleros”, refiere Amable Casas, ingeniero eléctrico de 63 años que vive con su esposa y que, por ser población de alto riesgo, se mantiene aislado desde el comienzo de la cuarentena.

“El mercado de Hatibonico está a unos cuatro kilómetros de mi casa; para llegar allá tendría que alquilar un bicitaxi, que como mínimo me cuesta 100 pesos. Eso hace que todo lo que pueda comprar a precio estatal se me quintuplique, por eso nunca me han parecido altos los productos de los carretilleros”, explica Casas.

El desabastecimiento empuja a los camagüeyanos a la calle en la búsqueda diaria de algo que poner en sus mesas

El desabastecimiento empuja a los camagüeyanos a la calle en la búsqueda diaria de algo que poner en sus mesas. En toda la ciudad se repiten las escenas de personas que hacen filas a lo largo de cientos de metros, muchas veces controladas por las llamadas “tropas especiales” pertenecientes al Ministerio del Interior, que intentan mantener una distancia segura entre quienes esperan.

“Los productos normados de la canasta básica apenas alcanzan para la primera semana del mes”, dijo sin levantar la vista de su vieja máquina de coser Álvaro Núñez, de 65 años, que padece serios problemas cardiovasculares y le fue amputada una pierna el pasado año. “El Estado nos asigna, por ejemplo, siete libras de arroz mensual por consumidor, y nosotros completábamos con lo que podíamos comprar en las carretillas. Pero eso fue antes de que prohibieran su venta con la justificación del coronavirus”.

El sustento de Núñez se deriva de forros para sillines de bicicleta que él mismo hace. Ahora se mantiene en aislamiento para evitar el contagio del covid-19, que le podría costar la vida por la comorbilidad que padece.

“No es la primera vez que el Gobierno le hace la guerra al sector privado justificándose en el bienestar del pueblo, pero al final siempre es el pueblo el que sufre las consecuencias de estas arbitrariedades”, reflexiona Núñez. “Nos hemos convertido en un daño colateral de esta cruzada contra los carretilleros”.