Julio Ferrer Tamayo. / W. FERNÁNDEZ CUENCA DDC.-

El abogado exige que las autoridades también respeten la ley, pero se mantiene alerta: ‘van a atacar de nuevo’.

LARITZA DIVERSENT, Filadelfia, para DDC
—La noche está fresca cuando tocan a su puerta. José lo saluda y le extiende un papel. Lo mira con los ojos entrecerrados. Él lo conoce. Está vestido de civil, pero es un agente de la Seguridad del Estado. ¡Bendita víspera de Santa Bárbara! Le exigen que se presente al día siguiente en la 4ta unidad de la Policía Nacional para tomarle declaración.

La papeleta que le entregan a Julio Ferrer, abogado de Cubalex, no especifica ante quién debe presentarse y no está expedida ni firmada por el secretario de ningún Tribunal. No cumple las formalidades legales. Así que él la considera nula. Sabe que, de aceptarla, el acto surtirá sus efectos, como si se hubiere practicado conforme a la ley, y él estaría obligado a presentarse ante ellos.

La citación oficial es tal vez una de las pocas diligencias de investigación que exige supervisión judicial. La papeleta tiene que ser expedida y firmada por el secretario de un Tribunal. En ella se debe consignar nombre y apellidos del instructor, fiscal, o la denominación del Tribunal ante quien la persona debe presentarse, además de sus datos de identidad, lugar, día, hora y motivo de la cita.

En la práctica, ninguna autoridad en Cuba cumple este requisito legal. En un Estado de Derecho eso no pasaría, pero Cuba es diferente. Julio Ferrer también lo es. No piensa facilitar que lo molesten por sus opiniones políticas o por su trabajo en favor de los derechos humanos. Él no está por encima de la ley, pero ellos tampoco.

Al otro día recibe tres llamadas telefónicas de agentes del Estado. No sabe quiénes son. Quieren obligarlo a presentarse en una estación policial. Se niega, porque la citación por esa vía tampoco se ajusta a las formalidades legales.

Según ellos, solo quieren darle respuesta de algunos temas, como la Demanda contra Inmigración y la petición a la Asamblea Nacional solicitando la revocación del D/L 389/19 sobre vigilancia electrónica. Ferrer persiste en su negativa.

Recuerda al agente que se hace llamar José. Lo ha amenazado hace casi dos meses con impedirle salir del país si no colabora con ellos. Sabe que ellos tienen el poder. No le han permitido viajar a Colombia.

“No puedo ceder porque en ese caso ellos seguirán imponiendo sus acciones arbitrarias, y es hora de que tomen el camino de la legalidad y el respeto de los derechos ciudadanos”, me comenta.

En una segunda llamada, Ferrer me cuenta que lo han amenazado con un delito de Desobediencia. La ley dice que el secretario del Tribunal debe advertir a la persona citada, que en caso de inasistencia injustificada, le impondrá una multa de 50 pesos en moneda nacional, y que si continua con la negativa, podría ser procesada penalmente.

Ellos obviaron la multa y pasaron directo a la amenaza. “Estoy listo para lo que ustedes quieran, en mi casa les espero”, les respondió el abogado. En una tercera llamada, un teniente coronel, jefe de los agentes, “casi como una súplica me pidió que asistiera y pasar por alto las formalidades”, relata Ferrer.

“Le expliqué lo mismo, y que era indigno el modo en que ellos actuaban”, continua con su relato. Asegura que el oficial culpó a sus subordinados. “Dice que gracias a mí se enteraba de la manera no correcta en que habían actuado conmigo”. Al final, él acepta hablar dos minutos en la puerta de su casa. “Aun lo estoy esperando”, agrega.

La actitud de Julio Ferrer no es una posición de fuerza. Tampoco es desobediencia civil. Ferrer no está violando la ley, por el contrario, exige su respeto. Tampoco es vencedor en esta especie de pulso. Sabe que está en desventaja. Aun así, está decidido a luchar contra la impunidad.

José, el agente, está cometiendo un delito, y él es su víctima. Pero no importa cuánto tenga que esperar para que se haga justicia. Él es paciente. No sabe el verdadero nombre del otro, pero tiene una foto con su imagen. En un futuro, testificará contra el oficial.

No importa que el oficial actuante se esconda tras su firma. También cometió un delito. No sabe si se trata de la misma personas que le entregó la papeleta, que también es una evidencia. Según la ley, los oficiales del Ministerio del Interior son auxiliares de la autoridad (instructor, fiscal, Tribunal) que tienen la obligación de practicar las diligencias que les encomienden.

Los agentes de policía y de la Seguridad del Estado están facultados para realizar la diligencia de entrega, no para expedir y firmar una cédula de citación. De hacerlo, estarían usurpando funciones públicas; ejerciendo, sin título legítimo, actos propios de una autoridad. Sí, es hora de que ellos sientan la amenaza de ser privados a entre uno y tres años de libertad, con la diferencia de que ellos sí violan la ley y abusan del ejercicio de sus funciones.

Julio Ferrer no está tranquilo. Sabe que existe el riesgo de que lo detengan arbitrariamente e intenten procesarlo. Está dispuesto a asumirlo. Los conoce bien. “Me mantengo alerta, ellos van a atacar de nuevo, su prepotencia y acostumbrado irrespeto a los derechos de los ciudadanos los impulsa a eso”, sentencia.