José Daniel Ferrer. (Archivo).-

La abogada Laritza Diversent advierte que el régimen podría querer usar presos políticos de alto perfil ‘como moneda de cambio’.

 

DDC, Madrid.-

—La detención del líder nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)José Daniel Ferrer, “es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y, por supuesto, una grave violación de derechos humanos”, afirmó la abogada Laritza Diversent.

En diálogo con DIARIO DE CUBA, la directora del Centro de Información Legal (CUBALEX) advirtió que en la detención y “desaparición” por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de UNPACU, el régimen violó el propio cuerpo legal por el que dice regirse.

“Si vamos a la Ley de Procedimiento Penal, ahora mismo la Policía cubana tiene facultades para detener a cualquier persona durante 24 horas sin tener que dar explicación. Después de esas 24 horas se tiene que pasar el caso a un instructor y este tiene tres días para decidir si la persona debe continuar privada de libertad. Son en total siete días para este procedimiento”, explicó.

“En el caso de Ferrer, la principal violación es de acceso a la información, porque lo mantienen completamente incomunicado. La incomunicación coloca a la persona en riesgo de ser desaparecida forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares. Si hay un fiscal que dictó un auto de prisión provisional, debieron darle acceso a esa información a la familia para que contrate a un abogado con las debidas garantías”, explicó.

La familia del opositor ha denunciado en repetidas ocasiones que el régimen se niega a ofrecer una prueba de vida del opositor, a pesar de sus constantes visitas a la prisión de Aguadores, a la que supuestamente habría sido trasladado.

Este martes, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, fue violentada y expulsada de esa prisión, tras asistir al lugar para visitarlo, luego de que las autoridades del penal le dijeran que tendría posibilidad de verlo. No obstante, el custodio que organizaba la visita de los familiares dijo no encontrar su nombre en los listados de los detenidos.

“La lectura jurídica del caso es que hacen con la ley lo que quieren”, advirtió Diversent. “Hacia la oposición buscan tener un efecto ejemplarizante, sobre todo en estos momentos en que el régimen debe estar muy nervioso. Detener a una figura tan visible como Ferrer debería tener un efecto contra el desarrollo de la libertad de expresión. Se trata de un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y, por supuesto, una grave violación de derechos humanos, que lleva implícita detención arbitraria y desaparición forzada.”

Acerca del costo político que tiene para el régimen la detención y desaparición de Ferrer, Diversent recordó: “El costo político al régimen cubano le importa muy poco. Siempre hay la posibilidad de justificarse, y ellos siempre se van a justificar.”

“Pueden estar empezando un proceso de tener presos políticos de alto perfil para usarlos como moneda de cambio”, indicó, teniendo en cuenta que no es la primera vez que La Habana recurre a esa estrategia. El propio Ferrer fue parte del Grupo de los 75 presos políticos que Fidel Castro encarceló como parte de la conocida Primavera Negra, y estuvo encarcelado entre 2003 y 2011.

“Habrá que ver qué busca el Gobierno con estas privaciones de libertad de personas de la sociedad civil con alto perfil”, concluyó Diversent.

El martes, Freedom House hizo un llamado a las autoridades cubanas para que “liberen inmediata e incondicionalmente a José Daniel Ferrer, los miembros de UNPACU arrestados con él y todos los presos de conciencia” que guardan prisión en la Isla.

En un comunicado lanzado por la organización, Deborah Ullmer, directora de los programas de América Latina y el Caribe en Freedom House, aseguró que la conducta del Gobierno es “alarmante”, sobre todo “si se considera que uno de los detenidos (junto con Ferrer) es menor de edad”.

La pasada semana, Cuban Prisoners Defenders presentó una denuncia formal contra el régimen cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y seis relatorías de expertos del organismo, y solicitó “auxilio y protección” para Ferrer en un extenso informe, en el que acreditó cómo el líder opositor “se encuentra en situación de privación de libertad, sin opción a defensa ni procedimiento judicial independiente, y carente además de las debidas garantías procesales”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó esa acción en un tuit: “Apoyamos la denuncia de Cuban Prisoners Defenders ante la detención por motivos políticos de José Daniel Ferrer por parte de la infame dictadura cubana. Exigimos su urgente liberación”, escribió.

También Amnistía Internacional (AI) lanzó una “Acción Urgente” por la liberación del exprisionero político, dirigiendo una carta a Miguel Díaz-Canel, en demanda de que se informe de inmediato de los motivos de su detención o de lo contrario sea liberado.