La Habana responde a la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, es un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
En su respuesta uno de los acusados, el designado presidente de de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy la que llama ”labor solidaria” que -según él- desempeña el personal médico de la Isla: «Más de 600 mil cubanos han prestado servicios médicos en más de 160 países en los últimos 55 años», escribió el jefe de Estado de la mayor de las Antillas en su cuenta oficial de la red social Twitter, y agregó que Estados Unidos pretende restablecer el programa de robo de cerebros hacia los galenos cubanos.
La acusación, declaró el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, a ABC ha sido elaborada con especial dedicación: «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes, incluidos entre ellos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».
Los acusados ante la CPI son: Raúl Castro, quien sustituyo a su hermano Fidel Castro al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y ejerce en la actualidad como primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
Según lo que publica hoy el oficialista Juventud Rebelde: «Tratan de imponer un perverso recurso para estimular el robo de cerebros. Una campaña anticubana más, que manifiesta la impotencia imperial ante las conquistas revolucionarias. Sus promotores son incapaces de favorecer una relación civilizada, les ciega la soberbia #SomosCuba», señaló entonces en su cuenta en Twitter, @DiazCanelB, red social donde también expresó que al imperio le molesta la solidaridad y el ejemplo de Cuba.
Los profesionales de la salud que la tiranía cubana envía a estas ”misiones internacionalistas” reciben entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante.
Lo que realmente le preocupa a Díaz-Canel, son las ganancias que les reportan estos prefesionales. Según datos de la ONG CubaArchive, los ingresos del régimen habrían alcanzado hasta los 10.000 millones de dólares en 2014, cuando fue su pico máximo, bajando luego a 8.000 en 2016, que triplica los ingresos que el gobierno recibe por el turismo.
Siendo así, por qué se enrolan los médicos en estas ”misiones”?
Los médicos y profesionales que deciden no enrolarse «sufren un señalamiento público e institucional por el cual pasan a ser considerados “traidores”, de este modo comienza un calvario» y una persecución represiva que incluye que le sean negados los servicios públicos a los que tienen derecho en Cuba, que sus hijos sean expulsados de la escuela, y la ”estricta vigilancia de la Seguridad del Estado”.
Mientras el vicecanciller cubano Rogelio Sierra calificó este martes 14 de mayo de ridículo el acto montado por la Organización de Estados Americanos(OEA) y su secretario general, Luis Almagro, para denigrar la colaboración médica que brinda Cuba a otros países.
En su cuenta en Twitter, Sierra rechazó las acusaciones del secretario general de la OEA en una conferencia de prensa sobre una supuesta «represión» en la nación caribeña que, para Almagro, el gobierno de La Habana «exporta» a otros países a través de su personal médico que vive en condiciones de esclavitud y viola derechos humanos.
Cuánto hay de verdad en la afirmación del funcionario de la dictadura cubana? Veamos, según los testimonios que recoge la denuncia que hacen los médicos en Venezuela
La denuncia de los testimoniantes afirma que los médicos debían visitar todas las casas para «censar políticamente» a las familias, «además de atraerles» hacia las opciones de Chávez y Maduro. En esas visitas los pacientes eran clasificados como ”sanos”, si eran chavistas; ”enfermos”, si eran antichavistas y ”en riesgo”, si no estaba claro como pensaban.
En periodos electorales los médicos cubanos debían ser más activos: a los «enfermos» (anti-chavistas) no los visitaban porque perderían tiempo e ”inversión”, informa la denuncia; a los «sanos» (chavistas) se les regalarían vitaminas y algún medicamento; y a los «en riesgo» se les regalarían vitaminas y, con particular empeño, debían asegurarles que si los opositores ganaban se acabarían los servicios ”médicos que les daban” y los médicos cubanos serían expulsados del país. En la últimas elecciones de Brasil el comportamiento de los cubanos fue el mismo.
Javier Larrondo, presidente de la Asociación Cuban Prisoners Defenders,
«Lo que hemos presentado es tan inatacable que sólo necesita de la voluntad jurídica de estudiarlo adecuadamente [porque las pruebas son] irrefutables
(…) Todo nuestro esfuerzo y los derechos humanos de once millones de personas -la población de Cuba- quedan en manos de la opinión pública y primeramente del periodismo que tiene una labor primordial en la salvaguarda de los derechos y las libertades de las naciones».
Redacción CUBAneate. Fuentes: Juventud Rebelde y ABC.