La justicia no alcanza a los negros en Cuba

LA HABANA, Cuba. – Al preso político Silverio Portal Contreras lo golpearon en la prisión 1580 y lo dejaron tirado en el suelo. Los guardias pensaron que se estaba haciendo el enfermo. A los 45 minutos lo levantaron con la boca virada y sin poder mover las extremidades. En el hospital llamaron a la esposa para decirle que a Silverio le había dado un infarto cerebral provocado por los golpes y la severa hipertensión arterial que padecía antes de llegar a prisión.

El padecimiento de Silverio se agrava con la epilepsia y la diabetes, más una trombosis, dos isquemias transitorias, la pérdida progresiva de la visión y los golpes que continúa recibiendo porque los cambios de humor que le provocan los infartos cerebrovasculares están siendo malinterpretados por sus carceleros. Las autoridades médicas de la prisión han recomendado la excarcelación y la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de la Habana se la ha negado.

En el sistema penitenciario cubano hay sobrepoblación negra porque “las prácticas de la policía se elaboran a partir de perfiles raciales, porque manejan una teoría lombrosiana en la que las personas afrodescendientes aparecen como propensas a cometer delitos contra el patrimonio, como hurto, robo con fuerza, robo con violencia, y eso puede indicar que encontrará menos piedad”, analiza la abogada Laritza Diversent Cámbara, fundadora en 2010 del Centro de Asesoría Legal Cubalex.

Las últimas cifras oficiales sobre las cárceles cubanas son de 2012. Los más de 57 000 reclusos -unos 510 por cada 100 000 habitantes- situaban a Cuba, según World Prison Brief, en el sexto lugar a escala mundial y en el segundo de la región, por debajo de El Salvador. Prisoners Defenders, en su informe de enero de este año, asegura que las cifras de personas privadas de la libertad se han duplicado. En su base de datos, de los 132 presos políticos, el 58 % son afrodescendientes.

A pesar de que recientemente el Consejo de Ministros aprobó un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, esta es la hora en la que no se sabe con certeza a qué políticas públicas hacían referencia ni cuándo serán aplicadas. Además, el cronograma legislativo hasta el 2028 no contempla ninguna ley que desglose en todos sus matices la discriminación racial. La primera línea de investigación de la policía continúa siendo indagar sobre las personas negras que han sido sancionadas y las evidencias probatorias se basan en la información adquirida o la huella de olor recogida por perros entrenados, lo que solo prueba que la persona estuvo en el lugar y no que es culpable. La policía es un elemento importante en una estructura creada para criminalizar según estereotipos raciales.

Bajo esos perfiles no solo ocurren encarcelamientos, sino también muertes. Según reflejadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI), de los 11,2 millones de habitantes de la Isla, apenas el 9,3 por ciento es población negra, mientras que el 26,6 por ciento es mestiza. Sin embargo, estas estadísticas no recogen cifras sobre las cárceles ni hace una caracterización oficial de la población penal.

La muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo, en 2010, mostró el alcance del racismo sistémico en Cuba. Zapata era albañil y su oposición política lo llevó a prisión, donde comenzó una huelga de hambre que duró ochenta y seis días. Tras su muerte, el Gobierno comenzó una campaña de descrédito donde se decía que era un “negro delincuente”.

En 2011, un adolescente de 14 años, Ángel Izquierdo Medina, fue abatido por subirse a una mata de mamoncillos en un patio ajeno y luego, en el juicio, varios testigos aseguraron que el ex policía que le disparó dijo: “Mata al negro de pinga ese”. José Luis Zubmaguera Miranda, en 2013, a sus 45 años, recibió siete impactos de bala mientras lo detenían en su casa en Matanzas porque encajaba en el perfil de un ladrón de bicicletas.

En 2019, el rostro en un féretro de Raidel Vidal Caignet recorrió las redes sociales: la policía le había disparado mientras negociaba con los productores independientes de café en Holguín. En junio de este año, Hansel Hernández Galiano, un joven negro de 27 años, fue asesinado mientras caminaba en la oscuridad, en un barrio periférico, con un objeto bajo el brazo que la Policía supuso que era robado. Se defendió con piedras y recibió un balazo por la espalda.

Cualquier intento de debate sobre el racismo en Cuba en torno a estos casos queda silenciado por los antecedentes penales de los asesinados. El caso más reciente, Hansel Hernández Galiano, ocurrió poco después de la ola de protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Al igual que en ese país, el recurso para intentar acallar los reclamos fue hacer público su récord criminal, difundir una versión inverosímil de los hechos y, por último, presentar a la madre del difunto ante los medios de comunicación con un discurso que daba muestras de conformidad ante la muerte de su hijo.

Del resto de los casos, aunque las noticias han circulado en los medios independientes, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento oficial. A diferencia de la atención que prestaron a Floyd, los activistas por la igualdad racial que coquetean con la política del Estado no se han pronunciado, por esas ni por ninguna otra injusticia que pueda ser interpretada como contraria al Gobierno.

El activismo selectivo también ha quedado mudo ante el caso de Silverio Portal Contreras. Ello, pese a que el recluso es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar porque teme por su vida. Tampoco se pronunciaron el pasado 30 de junio cuando la policía detuvo a más de cincuenta personas que intentaban hacer una marcha pacífica para protestar contra el abuso sufrido por Hansel Hernández.

La ausencia de políticas públicas que cubran la brecha de más de 200 años de esclavitud ha llevado a que hoy los niveles de pobreza de la población negra cubana sean notorios: solo el 11 por ciento de una cuenta bancaria y apenas el tres por ciento ha viajado al exterior, según estudios realizados en 2019 por el Instituto alemán GIGA.

El activismo por la igualdad de los afrodescendientes no siempre señala a los responsables. Esos silencios perpetúan la discriminación racial que va de los detalles de la cotidianidad al acceso a las universidades o a los centros de trabajo con mejor remuneración.

En su informe “Negación, Exclusión y Represión”, presentado ante la CIDH, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), organización de la sociedad civil independiente, denunció cómo los afrodescendientes que no se han plegado al Estado son acusados por el mismo Gobierno de “afectar la unidad nacional” por intentar profundizar en la realidad paupérrima de los barrios periféricos, donde la población es mayoritariamente negra. Sus estudios revelan que de los 3 000 millones en remesas que entraron al país en 2013, solo el 5,8 por ciento llegó a la población afro. Esta no es la última cifra sobre la entrada de remesas a Cuba, pero sí la última que contempla la variable de ingresos a afrodescendientes.

Para abordar el racismo en los medios de comunicación oficiales, el Gobierno, a finales del año pasado, creó una comisión gubernamental presidida por Miguel Díaz-Canel, y en la que participan los ministerios de Cultura (MINCULT), Relaciones Exteriores (MINREX), Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), más la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC). Las cuatro sesiones que han tenido hasta ahora no han sido difundidas y el tema del racismo, según las declaraciones del Gobierno, sigue abordándose como un rezago del pasado o como una cuestión cultural.

La gran contradicción del sistema se presenta cuando es la Constitución misma, en su artículo 42, la que reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los ciudadanos cubanos “reciben la misma protección y trato de autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”. Además, el artículo 295.1 del Código Penal contempla los delitos contra el derecho de igualdad, donde se asevera que “incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas”. A juzgar por la realidad, parece letra muerta.

Las personas que han sido juzgadas bajo preceptos racistas no han podido ampararse en esta legislación porque los tribunales no son independientes al Estado. Además, en los juicios pesan más los intereses estatales y sus procesos no son basados en las evidencias científicas que respalden los delitos, sino en los criterios valorativos de autoridades que responden a perfiles que criminalizan. Bajo estas condiciones, la justicia difícilmente alcanzará a personas como Orlando Zapata, Silverio Portal o a Hansel Hernández.

Este reportaje se realizó en alianza editorial con Connectas, una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas