LA HABANA, Cuba. – No son pocos los que opinan que una de las causas del descenso de la ganadería en Cuba reside en que los ganaderos privados ya no desean tener vacas. En teoría, el ganado es de su propiedad, pero no puede hacer casi nada con él. No pueden vender las reses a otras personas, no pueden matarlas para aprovechar su carne, y si se las roban se buscan un problema con las autoridades. La única salida es venderlas al Estado, si este desea comprarlas.

Pues algo parecido podría suceder en breve con los campesinos y otros productores de la agricultura. Ellos sembrarán y cosecharán, pero no podrán disponer libremente de ninguna de sus producciones ya que el gobierno amenaza con convertirse en el destinatario final de cuanta vianda, fruta u otro renglón de la agricultura que se produzca en el país.

Durante una reciente Mesa Redonda de la televisión cubana, en la que se trató de la marcha de la agricultura en tiempos de coronavirus, el ministro de ese sector, Gustavo Rodríguez Rollero, enumeró algunas “deficiencias” que aún se observan en los campos cubanos, y sobre las que su ministerio piensa actuar de inmediato.

El funcionario censuró que existan productores que declaren cifras inferiores a la realidad de siembras y cosechas realizadas; que haya cultivos no reportados o no contratados oficialmente con la empresa estatal de acopio; y que se detecten desvíos de producciones a otros destinos no autorizados.

Por supuesto, esas actitudes tan denostadas por el señor Rodríguez Rollero no son más que la defensa de los hombres que trabajan la tierra ante la tentativa del gobierno de impedir que ellos comercialicen sus producciones con entes no estatales. Una modalidad que generalmente les reporta mayores ingresos a los campesinos, y hace que los productos lleguen más rápidamente y con mayor calidad a la mesa de los consumidores.

Pero veamos qué piensan hacer el ministro y su tropa para eliminar esas “deficiencias”: “Prevemos cambiar el método de trabajo de las estructuras empresariales, direcciones de las cooperativas, y de dirección estatal de la Agricultura, trabajando directamente en la finca de los productores. Tenemos que acompañar a la cooperativa a llegar hasta la finca del productor, porque allí es donde se ven las cosas y se realiza la producción”.

Es decir, aplicar una política de asfixia a la más mínima iniciativa que pueda emerger de cualquier productor. Lamentablemente, al final serán los consumidores quienes paguen los platos rotos ante tamaña intromisión gubernamental, pues los campesinos perderán el estímulo para producir y, en consecuencia, habrá menos alimentos en el país.

Contradictoriamente, en momentos en que el presidente Díaz-Canel declara que se retomarán asuntos pendientes de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, en lo referido a la regulación estatal de la economía -en este caso a la agricultura-, los gobernantes se disponen a actuar de un modo diferente.

El acápite 226 de la Conceptualización especifica que el Estado de Cuba regulará la economía mediante la utilización combinada de instrumentos directos o administrativos, y económicos o indirectos. De aplicarse estos últimos, por ejemplo, el gobierno podría pagarles a los campesinos precios de acopio más elevados, y así estimularlos para que vendieran al Estado buena parte de sus producciones.

Pero no. El señor Rodríguez Rollero no se refiere a ningún mecanismo económico. Él menciona únicamente el accionar administrativo de quienes detentan la fuerza. Una especie de política de ordeno y mando. ¿Y a nadie le viene a la mente la política de colectivización forzosa de la agricultura aplicada por Stalin en la Unión Soviética a partir de 1928?