Desde 2018 se ha vuelto más común la estrategia de informarles a los activistas sobre su estatus de “regulados” en el momento de pasar por la ventanilla de Inmigración. (14ymedio).-

 

Los cubanos que han visto vulnerada su libertad de circulación luchan con la ley o el activismo como armas

La Habana, 14YMedio.-

—La lista de ciudadanos cubanos a los que el Gobierno ha impuesto la etiqueta de “regulados” la integran ya 150 personas. Este mecanismo, con el que las autoridades restringen arbitrariamente la libre circulación de activistas, periodistas y opositores en general, se ha consolidado en dos años como método represivo habitual.

La libre circulación de personas está consagrada tanto por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como por el 52 de la Constitución cubana. Aunque en ambos casos, y en todos los Estados, es un derecho sometido a regulaciones, el Gobierno de La Habana las aplica de forma arbitraria, limitando el margen de maniobra de los afectados, que a veces pueden hacerles frente por la vía judicial y otras deben recurrir al activismo.

Es el caso del reportero de la revista El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, que desde el 2 de junio de 2016 tiene una regulación migratoria por parte del Ministerio del Interior. Según consta en un documento, esta prohibición está vigente hasta el mismo día de 2021. Esos cinco años son los que el Estado considera que le “debe” por haber formado parte del programa de “cadetes insertados”. Jiménez Enoa pudo cursar la carrera de Periodismo mediante un acuerdo por el que después debía completar cinco años de servicio social, por eso no se le permite dejar Cuba y no tiene opción a recurrir.

El modo en que el Gobierno impide “la libre circulación de individuos es digno solo de sistemas dictatoriales y totalitarios” y considera que se trata de “una prueba más de que en Cuba el Gobierno viola muchos de los derechos humanos”

Para el reportero, el modo en que el Gobierno impide “la libre circulación de individuos es digno solo de sistemas dictatoriales y totalitarios” y considera que se trata de “una prueba más de que en Cuba el Gobierno viola muchos de los derechos humanos”.

“La idea es castigar y amedrentar a los que disienten, pegarle el látigo al hombro. Si algo nos ha traído internet a los cubanos es la posibilidad de mostrar la Isla que muchos desconocían. Una Isla donde, en ocasiones, te obligan a permanecer encerrado en ella por levantar la voz y enfrentar al régimen”, dice a 14ymedio.

Katherine Mojena, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), está “regulada” desde diciembre de 2016.

“Desde entonces hasta la fecha me han impedido salir de Cuba en más de cinco ocasiones. Ahora mismo fui seleccionada para participar en un programa de formación sobre sobre cómo enfrentar y reportar la violencia de género. Se llevará a cabo en Estados Unidos y es gestionado por la embajada de Washington en La Habana. Cuando fui a preguntar, seguía ‘regulada'”, cuenta Mojena.

La activista asegura que durante algunos intercambios con la Seguridad del Estado le han dicho que “la condición” para dejarla salir de Cuba es que se quede “definitivamente” en cualquier otro país. “A eso nos hemos negamos rotundamente mi esposo Carlos Amel Oliva y yo. Este es mi país y los que sobran son ellos”, opina.

En su opinión, son muchos los factores que influyen en las decisiones del Gobierno sobre la movilidad de una persona.

“No es mi objetivo causar perjuicios con este comentario pero, en nuestro caso particular, este largo tiempo con esta medida restrictiva de la dictadura es una especie de reconocimiento a lo intransigentes que hemos sido con nuestro activismo. Pacífico pero firme a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba”.

Mojena considera que debe luchar desde dentro de la Isla, que es el camino que ha escogido y no aceptará condiciones. “Me pueden ‘regular’, detener, robar en mi casa, como han hecho, e incluso encarcelarme. Estoy preparada para enfrentarlo. Amel y yo, y también los activistas ‘regulados’ de Unpacu preferimos que Guillermo del Sol conserve su vida y reconocemos el gran y singular sacrificio que realiza en beneficio de todas las víctimas de esta arbitraria medida”.

“Me pueden ‘regular’, detener, robar en mi casa, como han hecho, e incluso encarcelarme. Estoy preparada para enfrentarlo”

Guillermo del Sol, de 53 años, está en huelga de hambre desde el pasado 12 de agosto y asegura que está decidido a combatir la práctica arbitraria del Gobierno cubano de “regular” a los inconformes.

Otros han optado por la vía legal. Es el caso del opositor Abdel Legrá Pacheco, a quien las autoridades de Migración y Extranjería suspendieron la prohibición de salida del país tras interponer una demanda ante el Tribunal provincial de La Habana.

El reportero Boris González Arenas también recurrió a la Justicia para enfrentarse a la prohibición de salida que se le impuso el pasado junio. “Perdí ya un viaje a Panamá, a Colombia, una invitación para participar en Asce, en Estados Unidos y, finalmente, otro a Reino Unido, que estaba invitado por el parlamento británico”, comentó a este diario.

“Presenté una solicitud a Roilan Hernández, responsable jurídico de inmigración. La Constitución cubana actual tiene un rudimento que no es el habeas data [aunque se asemeja], pero por el cual uno puede pedir al Estado la información que tiene sobre él. Lo solicité a Inmigración para saber la razón de mi ‘regulación’. Por supuesto no hubo respuesta. Fui a la Fiscalía militar, a demandar por abuso de autoridad a Hernández y esta pasó el caso a la Fiscalía del Ministerio del Interior, que todavía no me ha respondido.

En enero de 2013 entró en vigor una Reforma Migratoria que flexibilizaba notablemente los trámites para viajar fuera de la Isla, al ser eliminado el antiguo “permiso de salida”, pero con el paso de los años la lista de voces opositoras que no pueden salir del país ha ido aumentando. Al principio, la Seguridad del Estado impedía viajar a los disidentes mediante arrestos arbitrarios.

Desde 2018, sin embargo, se ha vuelto más común la estrategia de informarles de su estatus de “regulados” en el momento de pasar por la ventanilla de Inmigración.

Sin embargo, donde más discrecionalidad cabe aplicar es en los motivos “de interés público o de Defensa y Seguridad Nacional”

Tras las modificaciones que se hicieron al Decreto-Ley 302, en octubre del 2012, las autoridades migratorias poseen la capacidad de negar a algunos ciudadanos la expedición de pasaporte o impedirles la salida del país.

La legislación contempla varios supuestos: estar sujeto a un proceso penal, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, estar en el cumplimiento del Servicio Militar o ser considerado “una fuerza de trabajo calificada para el desarrollo social y científico técnico del país”.

Sin embargo, donde más discrecionalidad cabe aplicar es en los motivos “de interés público o de Defensa y Seguridad Nacional”.

El abogado Eloy Viera, sostuvo en un artículo publicado en El Toque, que no comparte la utilización de conceptos indefinidos como Defensa, Seguridad Nacional e Interés Público para justificar la limitación de derechos por parte de las autoridades migratorias. Son variables” que se usan para limitar impunemente derechos fundamentales”.