Bruno Rodríguez, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro en La Habana.-

 

 

Pese a la pérdida de miembros, el grupo no hace autocrítica y culpa de todo a EEUU.

 
EFE, La Habana 

—La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), reducida por las salidas de Ecuador en 2018 y Bolivia hace un mes, cerró filas este sábado en La Habana anunciando planes para relanzar antiguos programas sociales y energéticos “de integración”, reporta EFE.

A la cita, que celebró el 15 aniversario del bloque, asistieron los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, además de representantes del resto de los países miembros.

Los líderes se reunieron a puerta cerrada, pero en un breve discurso en el acto de clausura Nicolás Maduro anunció el relanzamiento el año que viene del proyecto Petrocaribe, del programa oftalmológico Misión Milagro (con médicos cubanos) y de las iniciativas del ALBA Cultural.

El proyecto Petrocaribe data de 2005 y su revitalización se produce en medio de presiones de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana mediante sanciones a la estatal PDVSA y a los buques y navieras que transporten combustible de ese país, especialmente hacia Cuba.

El intento de resucitarlo se produce asimismo en medio de la debacle económica venezolana, y una caída drástica de la producción de petróleo en el país sudamericano, donde en los últimos días se han visto largas colas para repostar gasolina.

La diplomacia petrolera —este programa de suministro de crudo venezolano en condiciones ventajosas— ha sido clave para granjearle al chavismo el respaldo político de los países del Caribe beneficiados por la iniciativa, en especial en instancias multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En las actuales circunstancias, sin embargo, no queda claro cómo podrá Caracas cumplir sus compromisos.

En la declaración aprobada el sábado, los líderes del ALBA critican a Washington por responsabilizar a la izquierda latinoamericana, y en particular a los gobiernos de Venezuela y Cuba, de las protestas populares que han encendido la región en los últimos meses, especialmente en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Lo consideran una “tergiversación vergonzosa de la realidad latinoamericana por Estados Unidos”, cuya política hacia la región califican de “agresiva e intervencionista”.

“Denunciamos la falsedad estadounidense de atribuir a miembros de esta Alianza la responsabilidad en la organización de las masivas protestas populares que se han extendido por la región, lo que persigue ocultar el fracaso de las gestiones de gobiernos neoliberales plegados a los requerimientos de Washington”, señalan en la declaración.

“Repudiamos los autoproclamados paladines de los derechos humanos y la democracia, que acuden cada vez más a la militarización y a la represión para sostener el modelo neoliberal en crisis”, añaden.

Asimismo, reiteran su solidaridad con Venezuela ante los “ataques imperialistas”, expresan oposición al embargo estadounidense a Cuba, rechazo a los “intentos desestabilizadores” en Nicaragua y condenan el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en Bolivia, del cual también responsabilizan a la Casa Blanca.

“Con el propósito de recuperar los espacios conquistados por gobiernos progresistas, el Gobierno de Estados Unidos, en contubernio con las oligarquías de la región, revive métodos que parecían superados en la historia de América Latina y aplica nuevas fórmulas de la llamada guerra no convencional”, insisten los gobernantes, quienes, según lo que ha trascendido, no hicieron ninguna autocrítica.

El ALBA reúne, junto a Venezuela y Cuba, a Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.

Ecuador se retiró el año pasado debido a que el Gobierno del actual presidente Lenín Moreno no respalda la posición del ALBA frente a la crisis en Venezuela y las protestas en Nicaragua.

Bolivia lo hizo hace un mes por decisión del Ejecutivo interino que asumió el poder en ese país tras la renuncia de Evo Morales, forzada por los militares.