CARACAS.– Lograr el regreso de la democracia a Venezuela es el objetivo de los tres principales grupos opositores del país; sin embargo, ese propósito es lo único en que tienen coincidencia.

El Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó centra sus objetivos en la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional. Adicionalmente este grupo aspira a que la precarización del país, junto a las sanciones internacionales fracture a la coalición gobernante para que los militares decidan apartar a Nicolás Madurodel poder. La estrategia del gobierno interino tiene como principal apoyo internacional a la administración de EEUU encabezada por el presidente Donald Trump.

Por otra parte, el grupo liderado por Henrique Capriles Radonski -conformado por diputados de la actual Asamblea Nacional, empresarios, académicos y ONG- sostiene que la estrategia desplegada entre 2019 y 2020 no ha logrado fracturar a la coalición gobernante, lo que provoca que, pese a las sanciones internacionales y la precarización del país, el estatus quo se afianzara en el poder. Por esta razón proponen rechazar la continuidad del gobierno interino y a la vez, la reinstitucionalización del país. Esta estrategia de Capriles Radonski cuenta con el respaldo del canciller de la Unión Europea Joseph Borrell.

El tercer grupo, con menor impacto nacional e internacional, es el liderado por María Corina Machado, que apuesta por la aplicación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y del principio de derecho internacional llamado Responsabilidad de Proteger (R2P) para que una coalición internacional separe a Maduro del poder, y restituya la democracia en el país. No obstante, el R2P debe pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde presumiblemente China y Rusia rechazarían esta posibilidad.

En opinión de la especialista en marketing político Carmen Beatriz Fernández, la división entre el gobierno interino de Guaidó y el grupo que encabeza Capriles Radonski es un muestra también de diferencias importantes entre los actores clave de la comunidad internacional: “Para (Josep) Borrell y una parte de Europa, el 6 de enero de 2021(fecha en que debe concluir el actual período constitucional) representará para Guaidó lo que fue el 10 de enero del 2019 para Maduro. Lo ven como un punto de inflexión”.

Fernández precisa que, aunque Capriles Radonski “es la cara más visible de una negociación en marcha, eso no significa que esté sólo en ella. Los actores menos visibles son tan o más importantes, y allí podrían estar la Iglesia (El Vaticano y la Conferencia Episcopal Venezolana), Borrell y Europa, así como la iniciativa de negociación de Noruega”.

Para Fernández la comunidad internacional “está tan conflictuada con el tema venezolano, como los propios venezolanos puertas adentro. Tal como se ven las cosas todos los escenarios son muy malos (…) Hay sólo tres opciones: 1. extensión de mandato de la Asamblea Nacional que conducirá al gobierno en el exilio 2. Pedir la intervención militar extranjera, (que quedó claro que no tendrá acogida según las recientes declaraciones de Eliot Abrams) 3. Participar el 6 de diciembre, aún a sabiendas de que es una convocatoria írrita y tramposa”.

5 de enero de 2021

Aunque pudiese pensarse que el principal punto de quiebre entre los sectores opositores venezolanos se centra en la participación electoral el 6 de diciembre, el dilema real se enfoca en el 5 de enero de 2021, cuando culmina el periodo constitucional de la Asamblea Nacional electa en 2015.

En declaraciones a medios venezolanos Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, sugirió que Guaidó no debe subestimar “las implicaciones jurídicas internacionales, e incluso domésticas” del fin del periodo constitucional del Parlamento que preside.

Según Penfold Guaidó “está sobreestimando la capacidad solamente de anclar la presidencia interina sobre el apoyo de EEUU y otro grupo de países latinoamericanos. Allí surgen una cantidad de errores políticos que es lo que está aprovechando Capriles Radonski”.

Esta postura la comparte el Doctor en Ciencias Políticas Juan Manuel Trak. “Buscar condiciones políticas y electorales para recuperar los derechos perdidos puede ser un punto común tanto para quienes proponen participar como para quienes no. Ahora, si el debate es sobre Maduro vete ya, o el mantenimiento del interinato no veremos encuentro”.

Por otra parte, para el politólogo Ángel Álvarez “el problema de los que piden no votar, así como algunos (no todos) de los que piden votar, es creer que quien votan en una autocracia electoral aspira al poder y a desalojar al autócrata. En una poliarquía, el voto tiene un significado totalmente diferente al de una autocracia”.

En este sentido el director de la firma Delphos, Félix Seijas, aprueba la apuesta de Capriles Radonski en la que ve la posibilidad de un impacto positivo en el 2021.

Los ciudadanos confundidos

Los estudios de opinión pública muestran, no solo la fragmentación de la sociedad venezolana, sino la falta de acuerdo sobre elementos esenciales en el debate político

Según el más reciente estudio de la firma Delphos, los venezolanos se pueden dividir en cinco segmentos políticos. En el caso de quienes se dicen chavistas, se pueden a su vez subdividir entre los que sostienen que están identificados con Nicolás Maduro (15,3% de la población) y aquellos que no respaldan las decisiones del gobernante (12,9%).

Los ciudadanos que se autodefinen como opositores también pueden dividirse en dos grupos muy claros: Los que respaldan al liderazgo político tradicional encabezado por Guaidó y los principales partidos políticos (18% de la población) y aquellos que no se sienten identificados con los líderes opositores (14,8%).

En el caso de los independientes el estudio de la encuestadora concluye que 38,9% de los ciudadanos no se sienten identificados en este momento por el chavismo, pero tampoco por la oposición.

En el caso de las propuestas que presenta el gobierno interino, solo 36% de los venezolanos dicen estar “muy de acuerdo” con la realización de una consulta popular (paralela a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre) mientras 25% dice estar “algo de acuerdo” con esta idea.

Entre los venezolanos que se dicen opositores (sin importar si se identifican o no con el liderazgo) al menos seis de cada 10 avalan la iniciativa. Sin embargo, entre los independientes solo dicen estar “muy de acuerdo” con la consulta 29% de los electores.

En este proceso el gobierno interino no se plantea consultar a los ciudadanos si avalan o no la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015; los cuatro temas principales que serán consultados son los siguientes:

  • Suspensión de las elecciones del 6 de diciembre o suspensión de los efectos del proceso en caso de que la consulta se realice después de las parlamentarias
  • Respaldo a la convocatoria de un gobierno de unidad nacional
  • Uso de recursos recuperados en el exterior
  • Autorizar acciones internacionales para recuperar la democracia y para que se actúe contra los funcionarios del gobierno de Maduro.

La continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015, y por ende del gobierno interino de Juan Guaidó se da por descontado para esta consulta. No obstante, según el más reciente estudio de la firma Delphos solo 28,9% de los venezolanos dicen estar “muy de acuerdo” con esta idea, mientras 26,6% sostiene que está “algo de acuerdo”.

En esencia, de los cinco segmentos de autodefinición política que utiliza la encuestadora, solo la mayoría de quienes se dicen opositores y aseguran estar identificados con el liderazgo de la Asamblea Nacional y el gobierno interino sostienen que están “muy de acuerdo” con esta posibilidad. En el caso de los opositores, que no se sienten identificados con el liderazgo del Gobierno Interino, un 36% está “muy de acuerdo” con la continuidad de la Asamblea Nacional. En el caso de los independientes, esta postura la comparte el 20,6%.

Por otra parte, la principal apuesta del grupo que lidera el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski es luchar por las condiciones electorales. Sin embargo, según el estudio de Delphos 56% de los venezolanos dicen que “no existen condiciones electorales”, mientras 37% sostiene que “existen algunas condiciones”.

En esencia, solo quienes se dicen chavistas consideran que el proceso parlamentario del 6 de diciembre cuenta con las garantías necesarias. Así piensan 81% de los chavistas que se identifican con Nicolás Maduro y 53% de los chavistas que no se identifican con él.

Según Delphos después de que la Asamblea Nacional y los principales partidos opositores anunciaran que no convalidarán la elección parlamentaria del 6 de diciembre, la disposición a participar en este evento cayó significativamente, al punto que solo 27,5% de los ciudadanos dicen estar “muy dispuestos” a participar en la elección. De este grupo, la mayoría son los que se autodefinen como chavistas, sin importar si se identifican o no con Maduro.

En el caso de los independientes solo 19% dice estar muy seguro de acudir a votar, mientras entre los opositores apenas 14% (de los que aseguran que no se identifican con el liderazgo político) están dispuestos a participar. En el caso de los opositores que se sienten identificados con la estructura política de la oposición, apenas 11,8% dice estar “muy seguro” de participar.

El estudio de Delphos se realizó entre el 8 y 13 de agosto. Consistió en 650 entrevistas en hogares a ciudadanos mayores de 18 años, inscritos para votar. El estudio tiene un error muestral de +/- 2% para la mayoría de las estimaciones.