El Rey Don Felipe junto a su padre, el Rey Don Juan Carlos – AFP.-

 

Extrema izquierda y secesionistas intentarán acelerar un cambio a un estado «republicano y plurinacional».

 

Pablo Muñoz / ABC.

MADRID | Actualizado:

—El llamado sistema del 78 es la pieza más anhelada por la extrema izquierda -hoy en el Gobierno de coalición liderado por el PSOE- y los independentistas catalanes y vascos. El fin de la Monarquía, según su análisis, es el paso previo e imprescindible para conseguirlo. Los servicios de Inteligencia e Información ya advertían de este escenario en 2015, tal como informó ABC entonces, y desde aquel momento la intensidad de la amenaza no solo no ha disminuido, sino que se hace todavía más evidente. En este recorrido, la salida voluntaria de España de Don Juan Carlos, conocida ayer, es solo la primera de las etapas de una estrategia mucho más ambiciosa, que pasa por un nuevo modelo de estado «republicano y plurinacional» en palabras del vicepresidente

segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pronunciadas hace solo unos días.

En su primera legislatura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantuvo al margen de este asunto y sí por algo destacó fue por su silencio. Aquella postura, obviamente, se debía a su absoluta dependencia de los partidos de extrema izquierda y secesionistas, que le auparon al poder tras la moción de censura que presentó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy el 2 junio de 2018.

Coincidencias llamativas

Ya entonces era muy llamativo -y así lo alertaban los análisis de Inteligencia a los que tuvo acceso este periódico- que mundos aparentemente tan distantes como el del independentismo catalán más conservador, representado por el PDECat, ERC y los grupos de la izquierda más radical, como es la CUP, junto con Podemos, se hubieran puesto de acuerdo en el objetivo de acabar con el sistema del 78 y muy especialmente con la Monarquía parlamentaria. Consideraban -y lo siguen haciendo- que estábamos en un momento político «muy interesante» para sus objetivos, con un caldo de cultivo propicio para imponer ese nuevo modelo de Estado que anhelan. Ya se habían producido episodios tan poco edificantes como el de la cacería de Botswana y la crisis económica había golpeado de forma brutal a España.

Por si fuera poco, en aquellos momentos la debilidad del centro derecha, fragmentado y afectado por casos de corrupción, con un nuevo liderazgo de Pablo Casado aún sin consolidarse, tampoco ayudó a movilizar a los sectores de la sociedad -mayoritarios según todas las encuestas conocidas-, que defienden la Monarquía parlamentaria como mejor forma de estado.

Desde hace meses, prácticamente desde que comenzó esta legislatura, y al calor de las informaciones periodísticas que afectaban al padre del Rey, Pedro Sánchez abogó por acometer cambios en la Institución en pos de la «ejemplaridad y la transparencia». Esas palabras se interpretaron siempre como presiones a Felipe VI para que rompiera definitivamente con su padre. Y también apostó por acabar con el principio de inviolabilidad del Rey y regular su aforamiento, de modo que solo afectase a aquello que tiene que ver con su labor institucional. Hace solo unos días, sin embargo, quiso precisar más su posición y dejó claro que su Gobierno siempre defendería la Monarquía parlamentaria, aunque no se puede olvidar que en el seno del Ejecutivo hay un sector que quiere acabar con ella, y no lo disimula.

«Perturbadoras»

Así, en su última entrevista, en Telecinco, Sánchez repitió las ideas que ya había lanzado antes sobre las noticias que se iban conociendo sobre el pasado de Juan Carlos I y de nuevo las calificó de «inquietantes y perturbadoras», para destacar a continuación que ahora los medios de comunicación publican esas informaciones y que la justicia actúa con plena independencia. Pero el mensaje de fondo, el nuclear, fue el de que La Moncloa «va a defender siempre la estabilidad institucional, las instituciones robustas, porque necesitamos transparencia y ejemplaridad», y recordó además que en los últimos 40 años el PSOE siempre ha estado al lado de la «Monarquía parlamentaria y el pacto constitucional, y es ahí dónde nos van a encontrar, y no en debilitar el pacto constitucional».

«Espíritu republicano»

Sobre la diferente opinión de uno de sus vicepresidentes, Pablo Iglesias, para quien se está abriendo en la sociedad un cierto «espíritu republicano», se limitó a explicar que el suyo es un gobierno de coalición con dos partidos que difieren en este asunto. Eso sí, insistió en que el PSOE es, desde hace 40 años, «uno de los arquitectos clave» de ese pacto constitucional sobre la Monarquía parlamentaria y añadió que esa posición «no resta para que las instituciones den pasos con los que conecta con el sector de la ciudadanía que las quieren ejemplares». Visto con perspectiva, esas palabras del jefe del Ejecutivo no eran más que un anuncio entre líneas de lo que iba a suceder en pocos días.

En el relato de este acoso a la Monarquía parlamentaria, la crisis abierta por el desafío independentista catalán el 1-O, que obligó al Rey a intervenir en términos contundentes para detener el golpe de Estado que se pretendía dar desde la Generalitat, tiene un papel clave. Ese episodio fue aprovechado hasta la náusea por los secesionistas y la extrema izquierda para desgastar la figura de Don Felipe. Poco después se produjeron dos episodios, sin duda graves, que alimentaron su maniobra de acoso y derribo a la Institución: la entrada en la prisión de Brieva (Ávila) de Iñaki Urgangarin por el caso Nóos y, sobre todo, el estallido del caso Villarejo y la divulgación de grabaciones hechas por el excomisario corrupto a Corinna Larsen, la examiga de Don Juan Carlos. La investigación judicial abierta en Suiza y la abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo acabó por desbocar los acontecimientos.

A partir de ese momento desde esos sectores políticos se lanzó un ataque directo, implacable, contra el padre del Rey, sabedores de que eso hacía mella en la Institución. Cada información periodística sobre las actuaciones judiciales tocaban la línea de flotación de una Institución que debe tener en la ejemplaridad uno de sus pilares.

Don Felipe trató de poner diques de contención, pero la pieza a conseguir era demasiado importante como para detener la campaña de acoso y derribo, lo que demostraba que el objetivo no era tanto Don Juan Carlos como el cambio del modelo de estado. De nada sirvió que lo apartara de toda representación institucional; que en plena pandemia le retirara la asignación y que renunciara a la herencia de su padre. Los que están detrás de la operación querían más, y ese más era ver al padre del Rey en el banquillo o, al menos, fuera de España. El presidente del Gobierno tampoco cesó en sus presiones para que adoptara más medidas.

«Efecto dominó»

Como se ha dicho, tanto la izquierda radical como el independentismo coinciden en el objetivo de romper el Estado y dar paso a un modelo confederal, para lo cual consideran «clave e imprescindible» primero ahondar aún más en la crisis de la Institución aprovechando al máximo el caso de Don Juan Carlos y después conseguir el derrocamiento de Felipe VI, «si es posible con la celebración de un referéndum». Luego, «por efecto dominó caería el resto del régimen del 78», auténtico objetivo de esos sectores.