Limita el movimiento de los ciudadanos y se erige en autoridad única en el país en un debate que visibilizó las diferencias de la coalición que gobierna el país.

 

 

Víctor Ruiz de Almeron y Gregoria Caro / ABC.-

MADRID Actualizado:.-

—Este era un Gobierno pensado para hacer frente a múltiples emergencias: climáticas, machistas y feministas. Pero cuando la verdadera emergencia ha llamado a sus puertas ha evidenciado su falta de reacción y su falta de unidad, sembrando la confusión. El Ejecutivo aprobó ayer el estado de alarma con medidas absolutamente excepcionales. Y lo hizo en una jornada esperpéntica, en la que se puso de manifiesto la descoordinación y la pugna dentro del Gobierno.

La legislatura preparada para la guerra cultural se ha convertido en un mandato verdaderamente excepcional. El temor de Pedro Sánchez a formar «dos gobiernos en uno» renació ayer con crudeza. Las fuertes discrepancias en el seno del Ejecutivo obligaron a alargar durante siete horas la reunión, en la que el Gobierno decretó el estado de alarma.

Los españoles estuvieron durante más de 30 horas expectantes para conocer las medidas que se iban a adoptar dentro del estado de alarma. Desde que el presidente anunciase esta decisión, pasado el mediodía del viernes hasta que finalmente compareció ayer a las 21 horas. Para entonces, muchas horas antes, se filtraba un borrador del decreto. El Gobierno reproducía los peores errores del Ejecutivo italiano, al no impedir que medidas de excepcional calado se conociesen directamente por boca del presidente.

El motivo de estos retrasos fue la división en el seno del Ejecutivo sobre las medidas a adoptar. También el descontento de País Vasco y Cataluña cuando se conoció un borrador por el que el Gobierno central pasaba a controlar a las polícías autonómicas y locales y a poder gestionar la sanidad. Una división en el seno del Ejecutivo que reproducía la que se había producido en la víspera al decidir si se tomaba o no la decisión de aplicar el estado de alarma. Fuentes gubernamentales explican que Iglesias fue uno de los factores de presión para que el Gobierno anunciara el viernes el Consejo que se celebró ayer para decretar el estado de alarma. Según pudo saber ABC, esta herramienta reflejada en la Constitución es una propuesta que el vicepresidente segundo ya le propuso a Sánchez hace semanas, en una de las reuniones de los lunes, como posible medida drástica si seguían aumentando los contagios por Covid-19. Aunque hasta el viernes Sánchez no tomó en consideración su aplicación. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió de los riesgos de contagio y mandó elaborar un plan de prevención de contagios para las empresas, que su ministerio compartió en redes sociales. Y que el Gobierno tuvo que desautorizar la pasada semana.

La discusión económica

Ese germen anidaba desde hace días. Iglesias y Díaz, partidarios de una actitud contundente y con un programa económico detrás de fuerte calado para compensar los daños en la actividad. Frente a ministros económicos como Nadia Calviño y María Jesús Montero, que siempre mostraron preocupación por el efecto en la economía de medidas excepcionales, según fuentes gubernamentales. Desde La Moncloa señalan que los motivos por los que se retrasó la deliberación del Consejo de Ministros de ayer es porque existieron diferencias sobre las medidas económicas para paliar las consecuencias de la epidemia. Se trata de discrepancias entre Iglesias y Díaz liderando el debate, frente a ministros socialistas que reprochaban que «el contenido de una declaración de estado de alarma no incluye medidas laborales», según fuentes del sector socialista del Gobierno. Aunque la división no es exclusiva de los dos partidos y hay voces coincidentes con Pablo Iglesias. Otras evitaban presentar esto como un enfrentamiento entre Sánchez e Iglesias.

Desde el entorno del vicepresidente segundo se trasladó que ellos y la ministra de Trabajo insistieron durante toda la jornada, y desde antes de ayer, en introducir medidas sociales en el decreto frente a las reticencias de un sector socialista del gabinete que seguía el criterio de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Fuentes gubernamentales revelan que quienes defienden la postura de Calviño consideran que «eso se deja para medidas posteriores». Entre ellas se contaban María Jesús Montero y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que fue quien coordinó con los ministros implicados el borrador del decreto.

Es precisamente este desacuerdo una de las razones por las que Iglesias acudió a la reunión a pesar de estar en aislamiento forzoso por su contacto con la ministra de Igualdad y su pareja, Irene Montero. Ayer, con el texto aún sin cerrar, el presidente requirió la presencia del vicepresidente, uno de los aspectos más polémicos de la jornada.

Movimientos limitados

Cuando finalmente Sánchez compareció lo hizo sin grandes novedades respecto al texto filtrado. El estado de alarma limitará la movilidad de los ciudadanos de forma drástica, incluyéndose una serie de excepcione como acudir al trabajo o comprar alimentos. Buena parte de los comercios del país quedarán cerrados.

No hubo grandes cambios tras ese debate, Sánchez aguantó el pulso y compareció con importantes mensajes. «No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios», ha dicho el presidente. Y es que bajo el estado de alarma el Ejecutivo se erige en mando único. «Afecta a todo el territorio español durante 15 días. A partir de hoy la autoridad competente será el Gobierno de España».

En el puente de mando de esta autoridad estará el presidente del Gobierno junto a cuatro ministros: La ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Este último será la autoridad en aquellas áreas, además de en la suya, en la que los otros tres ministros no sean competentes. Todos los ministros de este puente de mando representan al PSOE. Se le preguntó a Pedro Sánchez si Pablo Iglesias había reclamado un puesto en esta cúpula y no ha contestado. Sí ha reconocido un debate «intenso» dentro del Consejo de Ministros. Para contentar a sus socios Sánchez empezó su comparecencia diciendo que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán medidas de choque en el ámbito económico. El Gobierno controlará a todas las policías autonómicas y locales. Y podrá recurrirse a las Fuerzas Armadas si fuese preciso.